Los responsables de Jonestur, la casa de cambio marplatense, pagarán US$43 millones; el rol del español Baltasar Garzón para defenderlos; miles de clientes reclaman por sus ahorros.
Por Alconada Mon, para LA NACIÓN
La Justicia del Principado de Andorra selló un controvertido acuerdo con los máximos responsables de Jonestur, la agencia de cambios marplatense que fugó cientos de millones de dólares de la Argentina durante el kirchnerismo y colaboró con el lavado de activos de Daniel Muñoz, el secretario privado de la familia Kirchner. ¿Por qué es controvertido? Porque los financistas acordaron pagar una multa, con dinero que no les pertenece, a cambio de no ir a prisión, según surge del acuerdo cuya copia obtuvo LA NACION.
Firmado por el Ministerio Público andorrano, el convenio establece que los financistas Oscar Rigano, Rubén Seret y Alfredo Blasco García lograron sustituir una condena a 5 años de prisión efectiva por cometer los delitos de lavado de activos y actividad financiera ilegal a cambio del pago de 40 millones de euros –unos US$43 millones al tipo de cambio vigente- entre multas, comisiones y costas del juicio.
El acuerdo, que también les impuso que no podrán pisar Andorra durante 7 años y la inhabilitación total para operar durante 6 años en el circuito financiero del Principado, los habilitó, sin embargo, a abonar esos US$43 millones con parte de los US$92 millones que tenían congelados en distintas cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA). Pero no se reparó en una salvedad: ese dinero pertenece a miles de clientes de Jonestur que les reclaman sus ahorros desde hace años.
La casa de cambios Jonestur, Mauro V. Rizzi
Para los argentinos Rigano y Seret, y el español Blasco García, la firma del acuerdo representa cerrar uno sus capítulos judiciales más complejos. También afrontan una investigación abierta por presunto lavado de activos ante la Justicia federal de Mar del Plata, y aparecen involucrados en la “causa Cuadernos” a partir de las confesiones de al menos dos testaferros de Daniel Muñoz.
“En Mar del Plata enviaba dinero a través de Jonestur, con Oscar Rígano, el titular de la financiera”, confesó Sergio Todisco, quien admitió que movió decenas de millones de dólares a través del circuito ilegal para Muñoz y precisó que conocía a Rigano desde los 18 años. “Yo era totalmente consciente de lo que estábamos haciendo con mi exmujer [por Elizabeth Ortiz Municoy] y por eso me estoy arrepintiendo”, afirmó.
Además de Jonestur, Todisco identificó otras casas de cambio que participaron en la trama delictiva, como La Moneta, en Mar del Plata, y Financlass y Alhec Tours, en Buenos Aires, y precisó que recurrieron a Jonestur para triangular fondos robados por Muñoz, vía la Banca Privada de Andorra (BPA) al Caribe y Estados Unidos, donde comprar propiedades en Miami y Nueva York.
Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz. Archivo
La operatoria delictiva podía variar en ocasiones, detalló Todisco, pero incluía siempre grandes volúmenes de dinero en efectivo. “Los bolsos los cargaba en mi auto y le avisaba a la financiera un día antes de que al día siguiente iba a concurrir”, rememoró como “imputado colaborador”, y precisó que Jonestur y las otras “cuevas” con las que fugó dinero de la corrupción le cobraban una comisión de entre 1 y el 1,5 por ciento, aunque “hubo picos donde costaba hasta 6 por ciento”.
Ahora, en el acuerdo que Rigano, Seret y Blasco García firmaron en Andorra –Francisco Fernando García Navarro falleció en 2018-, aparecen ratificados esos porcentajes, al consignar que los financistas cobraban una comisión de entre 1 y 5 por ciento, y que el volumen que pasó por las cuentas vinculadas a Jonestur en el BPA llegó a un “importe total de unos 437 millones de dólares”.
Según admitieron en Andorra los responsables de Jonestur, sus servicios de “banca clandestina” se apoyó en el uso intensivo de decenas de “sociedades pantalla” constituidas en Panamá. Entre ellas, Batelcor SA, Bines Financial SA, Bodega de Tratoria SA, Brimark Holding SA, Cadi Snow Mountain SA, Costa Topaz Internacional SA, Covemar Investment SA, Deyland Investments SA, Helfand International Inc, Duport Holding SA, Frangler Investments SA, Grupo Brisa SA, Hillygus International SA, La Chalaca Corp, Liversidge Overseas SA, Mallerton International Inc, Monaska Overseas SA, Mosella International SA, Murray International Corp, Port Rat SA, Randex International SA, Rtrodesis SA, Runcoast Overseas SA, Russhill Overseas SA, Shadow Moses Island Corp, Thenalp SA y Tombury Investment SA.
La sede del Departamento del Tesoro en Washington. Patrick Semansky – AP
La operatoria criminal de Jonestur a través de Andorra se extendió entre 2004 y 2015, cuando sufrió un freno imprevisto. El 10 de marzo de ese año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la Banca Privada de Andorra de lavar miles de millones de dólares provenientes de Venezuela, Rusia, China y España, entre otros países, como la Argentina, y forzó a reaccionar a las autoridades andorranas, que intervinieron la entidad.
Al momento de esa intervención, se estima que los responsables de Jonestur acumulaban cerca de US$92 millones de 2003 clientes en diversas cuentas del BPA. Pero el dinero no volverá a la Argentina durante las próximas semanas. ¿Por qué? Porque de esos fondos se descontarán los US$43 millones que Rigano, Seret y Blasco García acordaron pagar allí, como también los honorarios del letrado que contrataron para defenderlos en el Principado: el exjuez Baltasar Garzón. Cobraría más del 20% del monto en danza.
Tanto el acuerdo en sí como la repatriación a la Argentina de todo o parte de ese dinero, además, podrían afrontar dos escollos. El primero, que el Tribunal de Estrasburgo revierta el convenio –lo que aparece como improbable-; el segundo, que las autoridades de Estados Unidos confisquen esos fondos por ser parte de un esquema de corrupción y lavado de activos que, en parte, impactó en su territorio, de la mano de Muñoz y Todisco.
El 17 de mayo de 2010, Cristina y Néstor Kirchner junto al juez Baltasar Garzón en la embajada argentina en Madrid. Archivo
En ese sentido, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años, período que encuadró como una “cleptocracia”, según reveló LA NACION en 2019. ¿El detonante? Los inmuebles que había adquirido Muñoz en aquel país.
Para los clientes de Jonestur, el acuerdo sellado en Andorra cayó como una bomba, según el abogado Julián Vespa, quien representa a más de 400 afectados, en sociedad con dos letradas en Andorra. “Los responsables de Jonestur reconocieron en tres oportunidades que el dinero depositado allá era de ahorristas para de ese modo evitar una condena por lavado de activos, y ahora nos encontramos con este acuerdo”, dijo a LA NACION. “Es una atrocidad”.
Otro letrado que representa a ahorristas de Jonestur, Pedro Bove, confía en que la investigación judicial que tramita en la Argentina salga del letargo tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que, tras varias vueltas e instancias, devolvió el expediente al juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, el mes pasado.
La Casación revirtió así un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, a pedido de la fiscal federal Laura Mazzaferri, y a pesar de los argumentos de los defensores de Jonestur, Nicolás D’Albora y Ana Durañona y Vedia. Ahora, la investigación local acaso salga de su “letargo absoluto”, como lo caracterizó Bove ante la prensa, tras años en que “lo único que sucedió fue proteger a los procesados” y promover “la impunidad”.
Fuente: LA NACIÓN, Hugo Alconada Mon
