El Ministerio de Educación brindará licencias extraordinarias a docentes en casos de violencia de género

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El ministro de Educación de Chaco, Aldo Lineras, encabezó la presentación del protocolo de actuación para la intervención en casos de licencia docente (o de personal administrativo de este organismo) por violencia de género o violencia laboral como establece la Resolución Nº 4.702/2022.

El Ministerio de Educación dio a conocer la Resolución Nº 4.702/22 que reglamenta la Ley provincial 7.658/15 -E de Licencia Extraordinaria por Violencia de Género.

Ante la falta de reglamentación de la Ley N° 7.658/15 - E sobre la licencia extraordinaria por violencia de género y la demanda por parte de supervisoras y supervisores y de directoras y directores de instituciones escolares para su implementación, resulta necesario contar con un protocolo de actuación que oriente el accionar administrativo y de protección, como así también, evitar la revictimización a las docentes que padecen violencia de género como a sus hijas y/o hijos en edad escolar.

EL PROTOCOLO

En todos los niveles, modalidades y servicios, de gestión estatal, privada, social y comunitaria de la Provincia, deberán aplicar la siguiente reglamentación ante la solicitud de la licencia por causales de violencia de género.

Está contemplado: docente víctima de violencia de género. Protocolo para el docente denunciado por violencia de género: se establece el procedimiento para docentes denunciados por violencia de género, que compartan la institución escolar o no, como así también, para aquellos agresores denunciados por violencia de género que no pertenezcan al ámbito educativo.

Se estipulan los pasos a seguir cuando un docente comparte institución educativa con la víctima y cuando no comparten el lugar de trabajo, dando prioridad en el primer caso a la docente si decide seguir trabajando.

Protocolo para intervención en casos de violencia de género sobre una docente o cuando un docente fuese denunciado y existan niños, niñas y/o adolescentes que se encuentren escolarizados: se tiene en cuenta a las y los niños, niñas y adolescentes, si los hubiera, para protegerlas y protegerlos del agresor sobre todo si hay restricción de acercamiento.

Se contempla también, la posibilidad de que el docente denunciado de ejercer violencia de género deba acreditar ante su superior, la participación en Programas de Reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia, o Tratamiento Terapéutico. Dar cumplimiento en forma inmediata a aquellas órdenes judiciales que reciban. Asimismo, plantea la aplicación de la Ley Micaela y Natalia Samaniego para el personal de la institución.

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