El Tesorero General de la provincia de Chaco, Carlos Miguel Olivera, modificó la estructura de cargos pasando 6 contratos de obra a contratos de servicios por la suma de $250.000. No solamente por fuera de sus facultades, ya que debería realizarse por Ley o por Decreto, sino fuera del presupuesto. Esta arbitrariedad provocó el malestar de muchos empleados del área de la administración pública en general.
Es costumbre de Olivera transgredir las normas, y ya safó de un juicio político gracia$ a que el ex diputado radical Pablo Curín revirtió su opinión en el Juicio de Cuentas al Tesorero General de la provincia de Chaco, por 80 millones de pesos en concepto de "Saldo Bancario No Justificado y en concepto de Deficiencia Contable".
En esta oportunidad, produce una situación de injusticia o de privilegios para unos pocos elevando el status de contrato y con un monto muy por arriba del resto de los empleados del sector: $250.000.
Reen
