¿Desarrollo productivo o bosques?

El 30 de abril pasado, alrededor de las tres de la mañana, en una sesión extraordinaria, la legislatura chaqueña aprobó una ley histórica que recrudeció una puja de al menos 15 años entre dos flancos: el desarrollo productivo y la conservación de los bosques. Razones existen desde ambos lados y conviven en la provincia más pobre de la Argentina, que es también proyectada como una potencial meca productiva para el campo y la madera, y que contiene uno de los más extensos, valiosos y vulnerables bosques no solo de la Argentina, sino de toda América del Sur.

Texto de Matias Avramow // Fotos de Tomás Cuesta para LA NACIÓN

Varias organizaciones ambientales, además de la propia Defensoría del Pueblo chaqueña, advierten que la Ley 4005R, que se votó hace dos meses, avalará y propiciará el desmonte en un sitio que ya sufre de las mayores pérdidas forestales en el país. En el ideal, esta ley busca dar orden al territorio chaqueño que contiene bosques nativos. En otras palabras, permite o restringe las actividades que puedan hacerse en diferentes zonas de los bosques de Chaco a partir de estudios técnicos, científicos y participativos.

Estas organizaciones argumentan que el proceso que se hizo fue excluyente de sectores científicos, ambientalistas y de la población indígena. Denuncian que el ordenamiento aprobado es promovido por “claros intereses del sector productivo” de la provincia. Hoy. la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentará una denuncia penal contra empresarios chaqueños y funcionarios provinciales de los gobiernos de Jorge Capitanich y de Leandro Zdero por delitos como defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Andrés Costamagna, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Rural Argentina, cataloga de exagerada la posición ambientalista frente a la disputa para ordenar el territorio de los bosques de Chaco. Para él, sus detractores no ven al desarrollo social como una prioridad y es desacertado impulsar una “extrema conservación” de los espacios naturales. “Donde está la pobreza es donde se dejaron bosques nativos y excluyeron al desarrollo. En Castelli [a 270 kilómetros de Resistencia] hay mucha pobreza”, ejemplifica. No obstante, opina que la deforestación ilegal debe tener consecuencias: “Todo dentro de la ley, nada fuera de ella”.

El diputado provincial de Nuevo Espacio de Participación de Chaco, Juan José Bergia, que votó a favor de este ordenamiento, tampoco coincide con el sector ambientalista. Recuerda que durante el año pasado, aún en el gobierno de Jorge Capitanich, “se buscaron formas de inclusión con un rango amplio de los sectores sociales de la provincia”.

Sin embargo, científicos reconocidos internacionalmente como los doctores en Ciencias Biológicas Matías Mastrangelo y Micaela Camino, afirman que no fueron consultados para el proyecto que se convirtió en ley. Ellos habían estado involucrados en procesos previos, pero no en el definitivo. Señalan que el ordenamiento que resultó no considera aspectos fundamentales para la conservación, ni principios básicos contemplados tanto en la ley de Bosques Nativos, como en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Aunque hay opiniones confrontadas, tanto en el Estado como en los sectores productivos y conservacionistas, coinciden en que la necesidad de un ordenamiento era insoslayable. Su ausencia dio pie a una expansión desordenada del uso productivo de la tierra.

Entre 1985 y 2023, el espacio de actividad humana en Chaco creció de un 9,38 a un 21,50 por ciento, en algunos casos a partir de prácticas clandestinas. Solo el año pasado se perdieron 57.000 hectáreas a causa de la deforestación: dos veces y media la ciudad de Buenos Aires.

Según Greenpeace, el total de hectáreas de bosque chaqueño perdidas asciende a 600.000 desde 2009, cuando se implementó en la provincia la ley de Bosques Nativos. Esto no quiere decir que la ley sea inútil, pues la tasa de deforestación en el país se desaceleró desde que fue aprobada. Pero sí hay serios problemas de implementación. Sobre todo en las provincias más biodiversas, que son las que sufren las fatales consecuencias de estos errores.

Datos de marzo del 2023 muestran que el 80 por ciento de la deforestación de nuestro país se concentró en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, la parte argentina del Gran Chaco Americano, que es el segundo bioma forestal más extenso del continente, después del Amazonas. Allí yace una biodiversidad cada vez menos vasta y más aislada.

Científicos y activistas ambientales describen hoy a ese bosque como un “queso gruyere” por los agujeros de desmonte que crecen en este territorio. Denuncian que esta pérdida es consecuencia de la expansión agrícola, ganadera y forestal hacia zonas que en papel estaban protegidas y reguladas.

Para Manuel Jaramillo, director de Vida Silvestre Argentina, hay otros factores que se suman a este complejo mosaico: el Estado y su débil mano regulatoria en materia ambiental, la falta de presupuesto nacional e internacional para la conservación, las retenciones al campo y el desplazamiento de la población criolla e indígena.

Costamagna coincide en que las deficiencias administrativas del gobierno chaqueño y la falta de financiamiento ponen al sector productivo en un dilema. “Si queremos cuidar nuestros recursos naturales alguien tiene que pagar, por lo menos el equivalente a la rentabilidad media de la producción agrícola. Si estuviera el dinero no tendríamos esta discusión”, explica.

Datos de marzo del 2023 muestran que el 80 por ciento de la deforestación de nuestro país se concentró en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, la parte argentina del Gran Chaco Americano, que es el segundo bioma forestal más extenso del continente, después del Amazonas.

La ley de Bosques Nativos dicta que todas las provincias deben diseñar un ordenamiento territorial que contemple zonas con tres niveles de conservación. O sea, que organice la tierra de acuerdo a criterios como la cantidad de biodiversidad, la calidad del suelo y la cantidad de agua. Cada categoría se identifica con un color que determina qué actividades se permiten y cuáles se prohíben.

Hay zonas en las que los bosques son inalterables (rojo), otras en las que se pueden hacer actividades de muy bajo impacto (amarillo) y otras más en las que se puede incluso modificar el terreno con un permiso otorgado por las autoridades de aplicación (verde). Cada cinco años este ordenamiento debería ser revisado y actualizado de ser necesario.

Esta ley también presupone una transferencia de dinero desde un fondo que resguarda Nación para financiar acciones de monitoreo, restauración y mantenimiento de los bosques, y para compensar a los propietarios de la tierra por conservarla. Este fondo jamás se implementó como debería. El presupuesto de la ley nunca superó el 10,36 por ciento de lo que tendría que recaudar.

Por otro lado, en Chaco, el ordenamiento territorial ha sufrido distintos traspiés que transformaron a una provincia pionera en la implementación de la ley de Bosques Nativos, en la que el año pasado alcanzó una de las tasas de deforestación más altas del mundo. El problema es que hasta este año el ordenamiento no se había actualizado. Esto generó una presión inmensa tanto para conservar, como para producir.

Bernardo Voloj, defensor del Pueblo en Chaco, explica que desde el primer intento de actualización, en 2014, se dieron fallas administrativas, especialmente en cuanto a participación ciudadana. “Hubo mucha insistencia de la agroindustria y de la industria forestal para configurar el ordenamiento en pos de sus sectores”, asegura en diálogo con LA NACION.

En 2019, desde la Defensoría del Pueblo presentaron un amparo y una medida cautelar ante la Cámara Civil y Comercial en Chaco para suspender una solicitud de cambio de zonificación de amarilla a verde que estaba en trámite en 53 predios, la mayoría en el departamento Almirante Brown, al noroeste de la provincia. Este departamento es relevante pues varias organizaciones denuncian allí un importante avance ilegal de la mancha antrópica.

Es por eso que representantes del sector ambientalista presentaron otra cautelar para que no se otorgaran nuevos permisos de tala hasta no actualizar el ordenamiento. En 2021 el amparo fue aprobado por la Cámara Contencioso Administrativo provincial. A partir de eso, todo nuevo desmonte fue considerado ilegal. Sin embargo, Voloj denuncia que la pérdida de bosques continuó. Su acusación se confirma con un análisis de imágenes satelitales que compara año tras año la cobertura vegetal de Chaco.

El actual ministro de Producción y el subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia, Hernán Halavacs y Jorge Damián Frank, confirman a este medio que hay una región en la que se avanzó sin cambio de zonificación, ni permisos. Ellos argumentan que todo se debió al retraso del ordenamiento territorial que, hasta la llegada de la nueva administración, no se había resuelto.

Tanto los desmontes en zonas de protección media y alta, como los incendios, están penados por ley. Las faltas que atentan contra la flora, por tala y por quema de vegetación, corresponden al pago de multas que tanto el Ejecutivo provincial como las organizaciones ambientalistas consideran insuficientes. “Hoy estamos hablando de 250.000 pesos por hectárea de multa por desmonte. Yo firmé una multa de 500 millones de pesos y las grandes empresas lo pagan”, explica Frank, cuya Subsecretaría es responsable de la fiscalización y otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo en bosques.

Chaco es la provincia más pobre de la Argentina, además de una potencial meca productiva para el campo y la madera; también contiene uno de los más extensos, valiosos y vulnerables bosques no solo de la Argentina, sino de toda América del Sur.

La nueva ley demoró más de un año en terminarse y se votó en la madrugada del 30 de abril de 2024, cuando la legislatura chaqueña aprobó la nueva norma con 21 votos afirmativos y 11 negativos. Aunque algunos legisladores digan lo contrario, para Voloj ese segundo proceso se hizo de forma express y con consultas poco diversas. “La participación de comunidades indígenas fue muy deficiente y varios científicos de relevancia no fueron invitados”, asegura el defensor.

Según denuncian científicos, abogados y activistas, este ordenamiento es incongruente con la propia ley de Bosques Nativos. Así lo expresa una solicitud de medida cautelar que Natalia Machaín, directora ejecutiva de la Fundación Greenpeace Argentina, y el abogado ambientalista, Enrique Viale, presentaron a principios de mayo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La acusación señala que 230 mil hectáreas de bosque con protección media cambiaron a protección baja. Muchas de estas zonas habían sido desmontadas ilegalmente tiempo antes. Si volvemos a analizar fotografías satelitales de aquella zona, se pueden encontrar manchas de cultivo y de desmonte donde debería haber bosque. Una de las mayores preocupaciones del sector ambientalista es el devenir de estas hectáreas deforestadas. Denuncian que existe un vínculo entre este cambio y varios productores del sector agropecuario, forestal y taninero, en connivencia con el antiguo gobierno provincial.

LA NACION preguntó a la actual administración si actuarían sobre esta zona que había sido modificada ilegalmente. Sin embargo, no hubo ningún planteamiento de restauración, o de atención a esos cambios. Lo que sí anunciaron es que no habrá más tala desregulada y que han confiscado varias topadoras dedicadas al desmonte.

Si bien el Ejecutivo provincial abraza la idea de la conservación de los bosques, también reconoce que las tierras antes protegidas por el color amarillo son muy fértiles. “El suelo de esa zona que cambió de categoría tiene una calidad incomparable en el mundo. Son como las tierras de Ucrania”, explica Frank. Aún así, asegura que la fiscalización del cambio de uso de suelo será férrea.

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas toman estas promesas con cuidado. En especial, desconfían del actual ministro de Producción. Previo a su reciente debut en la administración pública, Halavacs presidía una consultora agroforestal llamada Hiula. Fue un emprendimiento que fundó en 2011 y en el que asegura que trabajó hasta hace un año. Él es uno de los funcionarios incluídos en la denuncia penal presentada hoy por AAdeAA.

El ministro explica que principalmente daba asesoría de siembra en aquella consultora, aunque varias fuentes aseguraron a LA NACION que esta empresa está vinculada a la gestión para el pedido permisos de tala y de cambios de zonificación ante el gobierno provincial.

Por su parte, el subsecretario adjudica la alta tasa de deforestación a los grandes productores agrícolas. “Ellos, no los forestales, son los responsables de los más devastadores desmontes”, advierte. Pero desde aquel sector ponen en duda esa denuncia. Costamagna, cataloga esas acusaciones de injurias y resalta que hay un enfrentamiento entre el sector forestal y el agrícola.

Él no es productor en Chaco, pero mantiene una estrecha comunicación con ellos. Para Costamagna, la forma en la que se implementó la Ley de Bosques va en contra del progreso, la gente y su desarrollo social. Y esto es porque jamás se recompensó por conservar los bosques. “Los productores agrícolas también tienen que ampliar su zona porque las retenciones obligan a tener que pagar más. Además, en Chaco la distancia con el puerto es mayor y compite con el costo de transporte de la soja de la Pampa Húmeda”, explica.

“El conflicto permanece porque el Estado no quiere pagar por la conservación, pero tampoco la comunidad internacional”, denuncia. También atribuye a la misma ley la forma en la que los grandes productores agrícolas se instalaron en la provincia, porque “las multas y penalidades pueden solo ser absorbidas por ellos”, dejando a los pequeños jugadores sin posibilidades.

Los ambientalistas denuncian que 230 mil hectáreas de bosque con protección media cambiaron a protección baja.

Para Micaela Camino, investigadora del Conicet y una de las ecólogas más reconocidas del país, el bosque en Chaco se transformó completamente. “Era un sistema que antes se autosostenía y que por ello era resiliente”, describe.

Ella explica que todos los seres vivos dentro de los bosques lo moldean y permiten que brinde servicios esenciales para los seres humanos. Estos ecosistemas son termorreguladores, mantienen la calidad del suelo y también logran infiltrar mejor el agua. Cuando no hay árboles, la tierra suele compactarse o volar, y el agua puede escasear, o convertirse en un motor de desastres. En un contexto de sequías o lluvias más intensas, lo que los árboles ofrecen es clave.

Dice que en términos de biodiversidad, tanto en Chaco como en el mundo se está viviendo la sexta extinción masiva: “Y esto es por nosotros, pero también nos afecta. Es como un jenga. Si vas sacando fichas, estás en riesgo de que todo se caiga”.

El dilema es que las zonas más ricas en biodiversidad suelen coincidir con regiones pobres, con necesidad de crecimiento económico. Es por eso que sectores asociados a la sustentabilidad empujan estrategias de mercado para prevenir estas pérdidas forestales. Una de estas estrategias son los bonos o créditos de carbono, que pueden ofrecer una remuneración a quienes conserven bosques nativos.