Casación confirma medidas de Bullrich que obligan a presos a realizar limpieza sin remuneración
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles la queja presentada por la Defensoría General de la Nación (DGN) y confirmó el rechazo a la medida cautelar que buscaba suspender las resoluciones 1346/2024 y 429/2025 del Ministerio de Seguridad, dejando firme la normativa que establece tareas no remuneradas obligatorias para los internos del Servicio Penitenciario Federal.
La Resolución 1346/2024 impone a todos los internos la obligación de realizar actividades de mantenimiento, limpieza y aseo de los espacios comunes y propios del establecimiento, hasta un máximo de cinco horas diarias, sin pago alguno. Según el Ministerio de Seguridad, la norma busca reducir la ociosidad, que incrementa los índices de violencia y contribuye a la subcultura delictiva en las cárceles.
Por su parte, la Resolución 429/2025 establece que solo el 5% de la población penitenciaria puede acceder a prestaciones remuneradas como única ocupación, con un mínimo de ocho horas diarias y el pago correspondiente, sin considerar el salario mínimo vital y móvil.
La DGN, como co-titular de la Comisión de Cárceles, había solicitado una medida preventiva alegando que las resoluciones modificaban las condiciones laborales de los internos y vulneraban derechos fundamentales relacionados con el trabajo y la remuneración. Su reclamo fue inicialmente rechazado por la Cámara Federal de San Martín y, posteriormente, en casación.
El fallo fue dictado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Borinsky y Carbajo coincidieron en que el recurso de la DGN no era admisible, al no tratarse de una sentencia definitiva ni de un auto que impida continuar con el proceso. El juez Hornos, en disidencia parcial, consideró que la queja debía ser abierta para evaluar cuestiones federales vinculadas con el derecho al trabajo y la justa remuneración establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero su postura no prevaleció.
Con esta decisión, la normativa que regula la participación obligatoria de los internos en tareas de limpieza y mantenimiento queda confirmada, consolidando la política del Ministerio de Seguridad sobre ocupación y disciplina dentro de los establecimientos penitenciarios.
