Expulsaron a dos policías tras abusar de una mujer que había pedido auxilio

El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de dos cabos de la Policía provincial, identificados como H.O.C. y E.J.G., tras comprobarse en sede judicial y administrativa su participación en un grave hecho de abuso sexual contra una mujer que había solicitado protección a las autoridades. La medida fue formalizada mediante el Decreto 1580/25 y representa la sanción más severa contemplada en el régimen disciplinario de la fuerza.

El hecho ocurrió en agosto de 2022 en Presidencia Roque Sáenz Peña, cuando la víctima se presentó en Gendarmería Nacional para denunciar una agresión por parte de su expareja. Desde allí fue trasladada por los efectivos en un patrullero hasta la Comisaría Sexta, donde radicó la denuncia y recibió asistencia médica. Sin embargo, durante el retorno a su domicilio, los agentes desviaron el recorrido y la condujeron hasta una zona descampada, donde la sometieron sexualmente bajo amenazas.

Según la investigación, antes de que le arrebataran el teléfono, la mujer alcanzó a registrar parte del ataque y enviar un mensaje de auxilio. Poco después, fue dejada frente a su vivienda. Las pericias realizadas por la División de Investigaciones Complejas confirmaron que el patrullero PT-454, asignado a la dependencia, se había desviado del trayecto oficial en el horario señalado, mientras que los análisis genéticos coincidieron con los dos acusados y la víctima.

Ambos efectivos fueron detenidos e imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionarios públicos, conforme al artículo 119 del Código Penal. Durante el proceso judicial y el sumario interno, optaron por no declarar.

El decreto provincial que oficializa la sanción señala que los agentes “incurrieron en faltas gravísimas contra el honor policial” y que sus actos constituyen “una afrenta a la dignidad humana y un profundo desprestigio para la institución”.
Tanto la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad como la Asesoría General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Legales de la Policía recomendaron la expulsión definitiva.

La causa fue elevada a juicio, donde los exefectivos deberán responder por los delitos cometidos mientras se encontraban en funciones, en un caso que conmocionó a toda la comunidad chaqueña y reavivó el reclamo por una fuerza de seguridad con perspectiva de derechos humanos.

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