Operativo en Río de Janeiro: 60 días de planificación, 2.500 agentes y un “muro” que terminó en una masiva letalidad
Las autoridades de Río de Janeiro ofrecieron este jueves un pormenorizado relato del operativo policial que, tras dos meses de preparación, terminó con una sangrienta intervención en los complejos del Alemão y la Penha y dejó un saldo elevado de víctimas.
Según los secretarios de Policía Militar y de Policía Civil, Marcelo Menezes y Felipe Curi, respectivamente, la acción —calificada por el gobierno local como “el mayor golpe contra el Comando Vermelho” en décadas— movilizó a unos 2.500 efectivos y se apoyó en 60 días de planificación. El despliegue incluyó al Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que montó lo que las autoridades describieron como un “muro impenetrable” en la franja de bosque que rodea las favelas para cortar las rutas de escape; desde otros accesos, batallones empujaron a los sospechosos hacia zonas despobladas.
Menezes explicó que la táctica buscó concentrar los enfrentamientos en la vegetación para “proteger a los habitantes” y aseguró que quienes se entregaron fueron detenidos. Por su parte, Curi exhibió imágenes de cámaras corporales y destacó la magnitud del golpe contra la estructura delictiva: detenciones, incautación de armas y destrucción de laboratorios y depósitos.
El operativo —que fuentes locales sitúan como responsable de más de un centenar de muertos— provocó de inmediato fuertes cuestionamientos. Las autoridades de Río sostienen que la mayoría de las víctimas eran integrantes del Comando Vermelho y sostienen que la alta letalidad era un desenlace posible en un enfrentamiento de tal envergadura. El secretario de Seguridad, Victor Santos, defendió la decisión de no usar aeronaves para evitar exponer a las tropas en terreno hostil.
No obstante, organismos de derechos humanos, sectores de la sociedad civil y voces internacionales expresaron alarma por la cifra de fallecidos y pidieron aclaraciones sobre las circunstancias de cada muerte. En ese marco político, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acortó su gira internacional y regresó a Brasilia para seguir de cerca la evolución del operativo y sus consecuencias.
En la comunicación oficial también tuvieron lugar reproches hacia la narrativa federal: Curi rechazó críticas que, según él, intentan colocar al agresor en el rol de víctima, y defendió la actuación policial como necesaria frente a una organización cuya presencia y control territorial, sostuvo, obliga a tácticas de alto riesgo.
El operativo deja abiertas preguntas sobre proporcionalidad, control civil de las fuerzas y mecanismos de investigación de las muertes. Las autoridades anunciaron que continuarán las diligencias —identificación de los fallecidos, remisión de evidencias y causas pendientes— y que reforzarán la coordinación con otras fuerzas y recursos judiciales para avanzar en detenciones y procesamiento de los líderes delictivos involucrados.
Mientras tanto, la búsqueda de cuerpos en la mata y la recolección de indicios continuaban en las zonas aledañas, mientras crece la discusión pública y política sobre los métodos empleados y las consecuencias humanitarias del mayor operativo en la historia reciente de Río de Janeiro.
