Revés para el comisario Melchiori: el STJ lo responsabiliza por el abuso contra médicos solidarios
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) sacudió el tablero judicial con un fallo que tiene nombre y apellido: Daniel Melchiori. El ahora excomisario de Taco Pozo recibió una dura sentencia en la que el máximo tribunal no solo ratificó el habeas corpus colectivo a favor de la fundación médica Todo por Todos, sino que además lo obligó a pagar personalmente los honorarios de las abogadas querellantes. Un golpe directo a quien hasta hace poco detentaba el poder policial en el norte chaqueño.
Un acto de poder desmedido
La historia se remonta a unas semanas atrás, cuando un grupo de médicos cordobeses de la fundación llegó a Taco Pozo en una misión solidaria. Lo que debía ser una jornada de asistencia médica gratuita terminó en escándalo: por orden de Melchiori, una médica fue privada de su libertad, en medio de amedrentamientos, gritos y violencia.
Videos grabados por los propios médicos expusieron el accionar arbitrario del comisario y encendieron una ola de indignación que rápidamente derivó en una denuncia judicial.
La Justicia toma cartas en el asunto
El caso llegó a la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, donde el juez Rodolfo Lineras encabezó más de setenta audiencias con víctimas y testigos. La resolución fue contundente: separación inmediata de Melchiori no solo de Taco Pozo, sino de toda la zona norte provincial, además de una restricción perimetral de 500 metros para proteger a las abogadas y vecinos que habían denunciado amenazas.
El STJ no dejó dudas
El Superior Tribunal fue aún más lejos. En su fallo, consideró acreditado que Melchiori “amenazó la libertad y la integridad física” de los médicos y que les impidió ejercer derechos constitucionales básicos, como la libre circulación y la asistencia a la comunidad.
El tribunal recordó que ningún ciudadano puede ser detenido sin orden judicial, y enfatizó la gravedad del abuso cometido en Taco Pozo.
La sentencia se apoya en los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que ningún acto de autoridad basado en la arbitrariedad puede tener validez en un Estado de derecho. Para el STJ, quedó probado que médicos y vecinos fueron víctimas de hostigamiento, amenazas y peligro real.
Un mensaje alto y claro
El fallo envía un mensaje contundente: ningún uniformado está por encima de la ley.
Como corolario, el tribunal dispuso que los honorarios de las abogadas querellantes deberán ser abonados personalmente por Melchiori, para evitar que el Estado chaqueño cargue con los costos de su conducta abusiva.
Un precedente en la defensa de derechos
Con esta decisión, el STJ marca un antes y un después en la protección de los derechos ciudadanos y en el control del uso arbitrario de la fuerza pública en el Chaco.
Y deja una enseñanza para todos: en tiempos donde los abusos se registran con un celular, la verdad y la Justicia están del lado de quienes se animan a denunciar.
