Caso Cecilia: comenzó la segunda audiencia de cesura y la jueza acotó el debate a la definición de penas
En el inicio de la segunda audiencia de cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la jueza técnica Dolly Fernández resolvió una serie de planteos de las partes y dejó en claro que esta etapa del proceso estará estrictamente enfocada en la determinación de la pena de los imputados.
En primer término, la magistrada rechazó las medidas de prueba informativa y policial solicitadas por las defensas de Emerenciano Sena, César Sena, Marcela Acuña y Fabiana González, al considerar que esas diligencias “exceden el marco” propio de la cesura.
Fernández recordó que las partes pueden requerir la producción de ese tipo de medidas, pero remarcó que no guardan relación con la finalidad específica de esta instancia, que es fijar las penas.
También desestimó la oposición de las defensas a la incorporación de prueba ofrecida por el equipo fiscal especial y las querellas, quienes representan a la familia de Cecilia y al Estado. Frente al argumento de los defensores, que invocaron la garantía constitucional del “ne bis in idem” —que impide ser juzgado dos veces por el mismo hecho—, la jueza sostuvo que en este caso esa garantía no se ve vulnerada, tal como pretendían instalar las defensas.
Por otra parte, Fernández rechazó el uso, en esta etapa, de expedientes que aún se encuentran en trámite y sin sentencia firme, ofrecidos por fiscalía y querellas como antecedentes. En la misma línea, descartó la utilización de las declaraciones prestadas por Gustavo Melgarejo como imputado en 2023, a las que calificó como extemporáneas.
Según explicó, si esas manifestaciones querían ser empleadas en la cesura, debían haberse introducido en el momento procesal adecuado, es decir, al interrogar al imputado durante el juicio. Al no haberlo hecho, esa facultad quedó “precluida”. Además, recordó que se trata de declaraciones brindadas en calidad de imputado, con todas las garantías constitucionales vigentes.
En cuanto al planteo de la defensora Mónica Sánchez, quien pidió un informe de reincidencia actualizado de su defendido Gustavo Melgarejo, la jueza consideró razonable el pedido y decidió hacer extensivo ese requerimiento a todos los imputados.
Sin embargo, rechazó que se cursen nuevos pedidos de informes a los juzgados de ejecución penal, tras señalar que ello resultaría “sobreabundante” para los fines concretos de la audiencia.
Con estas definiciones, Fernández delimitó el alcance probatorio de la cesura, dejando el camino preparado para la exposición de testigos y alegatos vinculados exclusivamente a la determinación de las penas para los miembros de la familia Sena y sus colaboradores, ya declarados culpables por el jurado popular.
