Reforma del Código Penal: el Gobierno detalla las 22 medidas que transformarán el sistema penal argentino

El Gobierno nacional formalizó un paquete de 22 reformas que busca actualizar de manera integral el Código Penal, endureciendo sanciones, ampliando figuras delictivas y adaptando la normativa a los desafíos contemporáneos. La iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias y se presenta como una de las modificaciones legales más profundas de las últimas décadas.

El proyecto apunta a reforzar la respuesta del Estado frente a delitos graves, hechos de corrupción, criminalidad organizada, violencia de género, delitos digitales y conductas que actualmente generan una fuerte demanda social de justicia. A continuación, las 22 medidas incluidas:

1. Aumento general de penas para delitos graves.

2. Prisión efectiva obligatoria para condenas mayores a tres años.

3. Imprescriptibilidad de delitos de corrupción.

4. Imprescriptibilidad de abusos sexuales contra menores.

5. Nuevas escalas penales para homicidios agravados.

6. Mayor castigo para violencia de género y tentativa de femicidio.

7. Penalización reforzada del grooming y delitos digitales contra menores.

8. Incorporación del delito de “ecocidio”.

9. Penas elevadas por incendios forestales intencionales.

10. Endurecimiento de sanciones en accidentes viales con alcohol o drogas.

11. Mayor castigo para reincidencia, sin reducción de condena.

12. Escalas agravadas para narcotráfico, especialmente en zonas escolares.

13. Ampliación del delito de trata de personas, con nuevas agravantes.

14. Sanciones severas por extorsiones digitales y estafas con IA.

15. Penalización por difusión no consentida de contenido íntimo.

16. Nuevas penas para delitos contra la administración pública, incluidos sobreprecios y desvío de fondos.

17. Endurecimiento en casos de abandono de persona, en especial menores y adultos mayores.

18. Sanciones específicas para violencia en espectáculos deportivos.

19. Penas agravadas por portación ilegal de armas en zonas urbanas.

20. Mayor severidad en delitos de usurpación y tomas de tierras.

21. Endurecimiento para el lavado de activos ligado a organizaciones criminales.

22. Creación de un registro unificado de condenados por delitos sexuales.

El Gobierno sostiene que este conjunto de medidas permitirá “modernizar un sistema obsoleto” y dotar de mayor capacidad de respuesta a la Justicia frente a nuevos escenarios delictivos. Organizaciones civiles y especialistas ya anticipan un intenso debate legislativo sobre el alcance y el impacto de estas reformas.