El Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal y redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes
En una sesión extraordinaria marcada por debates fiscales de alto impacto, el Senado de la Nación aprobó el Presupuesto 2026 y dio sanción definitiva a la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una reforma que introduce cambios profundos en el régimen tributario argentino y busca modificar la lógica de control y sanción del fisco sobre los contribuyentes.
La iniciativa fue avalada con 43 votos afirmativos y 26 negativos y apunta a concentrar la persecución penal en casos de evasión de magnitud, dejando atrás la criminalización de incumplimientos menores. En ese sentido, uno de los ejes centrales es la actualización de los montos a partir de los cuales se considera configurado un delito tributario, valores que habían quedado obsoletos frente a la inflación y el contexto económico actual.
Con la nueva normativa, el umbral general para la evasión simple se eleva de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que otros artículos clave del régimen penal tributario incrementan sus pisos hasta alcanzar los 1.000 millones de pesos. El objetivo es claro: descomprimir el fuero penal tributario y enfocar los recursos del Estado en maniobras de evasión realmente relevantes.
La ley también incorpora mecanismos para extinguir la acción penal si el contribuyente regulariza su situación antes de que se formalice la denuncia. Incluso si el proceso judicial ya comenzó, se habilita el cierre de la causa mediante el pago total de la deuda, intereses y un recargo del 50%, siempre que se cumpla dentro de los plazos establecidos.
Otro capítulo importante es la reforma a la Ley de Procedimiento Fiscal. Allí se actualizan multas históricamente desfasadas y se reduce el plazo de prescripción de 10 a 5 años para los contribuyentes cumplidores que no presenten inconsistencias relevantes. La norma define como discrepancia significativa diferencias superiores al 15% entre lo declarado y lo determinado por el organismo recaudador, o aquellas que superen los montos del régimen penal tributario.
En paralelo, la ley introduce cambios en el Código Civil y Comercial para unificar criterios de prescripción y alinear los sistemas tributarios provinciales y municipales con el esquema nacional, en busca de mayor previsibilidad y menor litigiosidad.
Finalmente, se crea un Régimen Simplificado para el Impuesto a las Ganancias destinado a personas humanas y sucesiones indivisas, excluyendo a los grandes contribuyentes. Este sistema contempla declaraciones juradas sugeridas por el organismo recaudador, efecto liberatorio para quienes acepten y paguen en término, y una presunción de exactitud que solo puede revertirse ante inconsistencias graves.
