Autos de lujo, videoclips y contrabando: así operaba la banda que alquilaba vehículos usados por famosos
Una investigación federal destapó en las últimas horas una organización dedicada al contrabando y alquiler de autos de alta gama que eran utilizados en videoclips y producciones audiovisuales protagonizadas por figuras del espectáculo como L-Gante, La Joaqui y Eugenia “La China” Suárez. El operativo, realizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, permitió secuestrar vehículos valuados en más de 500 millones de pesos, además de dinero en efectivo, armas y documentación clave.
La maniobra salió a la luz tras una alerta emitida desde un paso fronterizo del nordeste argentino, donde se detectó el ingreso reiterado de autos deportivos de origen extranjero bajo el régimen de turismo. Los vehículos, entre ellos Chevrolet Camaro y Ford Mustang, ingresaban al país conducidos por ciudadanos paraguayos, pero no regresaban a su país de origen, como lo exige la normativa vigente del Mercosur.
Con el avance de la investigación, los organismos intervinientes detectaron que los rodados quedaban en manos de residentes argentinos, quienes los utilizaban para alquiler en eventos, producciones audiovisuales y contenidos para redes sociales. El circuito incluía una logística aceitada para burlar los controles aduaneros y sostener la circulación ilegal de los vehículos dentro del país.
Los allanamientos simultáneos se realizaron en cinco domicilios del AMBA y derivaron en el secuestro de cuatro autos deportivos con patente paraguaya, una camioneta de alta gama registrada en Argentina, más de 30 millones de pesos, dólares estadounidenses, billetes presuntamente falsos y un arma de fuego sin documentación. Dos personas fueron detenidas e incomunicadas por orden judicial.
Según los investigadores, los implicados llevaban un alto perfil en redes sociales, donde exhibían los vehículos como parte de un negocio millonario que funcionaba desde al menos 2023. La causa quedó encuadrada en el delito de contrabando agravado, que prevé penas de hasta 10 años de prisión, mientras la Justicia continúa analizando la ruta del dinero y no descarta nuevas detenciones.
