Régimen Penal Juvenil: el Gobierno vuelve a impulsar la baja de la edad de imputabilidad
El Gobierno nacional confirmó que el debate por la baja de la edad de imputabilidad volverá a ocupar un lugar central en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa, que ya había avanzado el año pasado con dictamen de comisión, perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, pero el oficialismo anticipó que retomará gran parte de los consensos alcanzados.
El proyecto original fue enviado en julio de 2024 y proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, tras negociaciones con bloques aliados como el PRO y la UCR, el dictamen final fijó el límite en los 14 años, alineando la normativa argentina con otros países de la región.
El texto establece una pena máxima de 15 años de prisión solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, priorizando en todos los casos las sanciones alternativas. Entre ellas se incluyen tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas, reparación del daño, monitoreo electrónico y programas educativos y de formación laboral. La privación de la libertad quedaría reservada como último recurso.
Uno de los ejes centrales del régimen es la creación de institutos especializados para adolescentes, con personal capacitado en infancia y adolescencia, atención médica, educación obligatoria y tratamiento de adicciones, prohibiendo la convivencia con adultos. Este punto generó tensiones con las provincias, que reclaman financiamiento para la construcción de las instalaciones.
El proyecto también contempla procesos reservados, protección de la identidad de los menores, intervención de asesores tutelares y notificación inmediata a las familias. A su vez, refuerza los derechos de las víctimas, garantizando patrocinio jurídico gratuito y asistencia psicológica.
La iniciativa vuelve a instalarse en la agenda legislativa en un contexto de fuerte conmoción social por delitos protagonizados por adolescentes, reabriendo un debate profundo sobre seguridad, justicia y políticas de inclusión.
