Extorsiones desde cárceles bonaerenses: el soldado que se suicidó en Olivos era víctima de una red criminal
El Gobierno nacional y la Justicia Federal revelaron los resultados de una investigación que permitió desbaratar una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas al soldado Rodrigo Andrés Gómez, el granadero de 21 años que se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.
El joven murió el 16 de diciembre, durante una guardia nocturna en uno de los puestos de vigilancia del predio donde reside el presidente Javier Milei. Si bien desde un primer momento se informó que se había quitado la vida, la investigación judicial permitió confirmar que Gómez era víctima de una compleja maniobra extorsiva que ejerció sobre él una fuerte presión psicológica y económica.
La ministra de Seguridad y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado expusieron públicamente los detalles del caso en una conferencia realizada en la sede del Ministerio de Seguridad. Allí describieron a la organización como una verdadera “pyme del delito”, que operaba desde al menos dos unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires mediante el uso de teléfonos celulares. “Un celular en una cárcel es un arma”, advirtieron durante la presentación.
La extorsión se iniciaba a través de una aplicación de citas, donde se creaban perfiles falsos. En el caso de Gómez, la maniobra incluyó la aparición de una supuesta menor de edad, el contacto posterior de una falsa “madre indignada” y el envío del denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de un delito grave. Luego, un falso policía se comunicaba para exigir pagos de dinero con el argumento de frenar una causa judicial inexistente.
Los investigadores determinaron que los delincuentes usurparon la identidad real de un agente de la Policía de la Ciudad para darle verosimilitud a la amenaza. Las transferencias exigidas se realizaban a cuentas de mujeres vinculadas a la banda, que funcionaban como intermediarias financieras.
Una carta escrita por el propio soldado fue clave para reconstruir la trama. En ella, Gómez relató el impacto de la estafa, las deudas acumuladas y la angustia que atravesaba. Para la Justicia, ese documento reflejó el nivel de presión al que fue sometido antes de tomar la decisión fatal.
La investigación permitió identificar a los principales organizadores de la banda, tres de los cuales ya estaban detenidos en unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos. También fueron arrestadas personas en libertad que colaboraban con la estructura financiera. En total, se concretaron siete detenciones y múltiples allanamientos.
Como resultado del operativo, los detenidos que actuaban desde prisión fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de máxima seguridad y se secuestraron teléfonos celulares utilizados para cometer los delitos. Las autoridades remarcaron que el caso expone fallas estructurales en el control del uso de tecnología dentro de las cárceles y reabre el debate sobre la “libertad digital” en contextos de encierro.
