Hay dudas sobre decisiones administrativas en la Tesorería del Chaco
Mientras el Gobierno provincial continúa el camino de la austeridad y control del gasto, surgierom interrogantes sobre cómo se aplican esas políticas en algunos organismos del Estado. Este es el caso de la Tesorería General, Jurisdicción 26, que aparece en el centro de cuestionamientos internos.
Con el inicio de 2026 y la puesta en vigencia de la Circular 0001/26 del Ministerio de Economía, sectores de la administración pública advierten que en la Tesorería General de la Provincia continuarían prácticas administrativas que no reflejarían plenamente el ajuste anunciado por el Poder Ejecutivo.
La Tesorería se encuentra bajo la responsabilidad del contador Carlos Miguel Olivera, acompañado por el Subtesorero José María Orsolini y la directora general María del Carmen Fernández. Según información que circula dentro del propio organismo, se registrarían subrogancias prolongadas, pases a planta, contrataciones y decisiones de gasto que generan inquietud entre trabajadores y observadores de la gestión pública.
El planteo no apunta a afirmar irregularidades concretas, sino a señalar la falta de información pública clara sobre los criterios utilizados para determinadas decisiones. Mientras en distintos organismos provinciales se rescindieron contratos y se redujo personal con ingresos bajos, trascendió que en esta jurisdicción se habrían otorgado contratos con montos considerablemente superiores al promedio, incluyendo adicionales, sin que se conozcan públicamente los antecedentes o requisitos exigidos.
Estas situaciones, según nos señaló una fuente confiable, ya habrían sido puestas en conocimiento de legisladores provinciales y de autoridades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron auditorías, informes oficiales ni explicaciones que permitan despejar las dudas planteadas.
Placa publicada en redes sociales por INFOQOM el 29 de enero de 2026.
En un contexto donde el Gobierno provincial sostiene una política de lucha contra prácticas irregulares y de ordenamiento del Estado, surgen preguntas que aún no tienen respuesta:
- ¿El ajuste se aplica de manera equitativa en todas las jurisdicciones?
- ¿Existen controles efectivos y visibles sobre la Tesorería General?
- ¿Se garantizan criterios transparentes en la administración de los fondos públicos?
La transparencia en el manejo de los recursos del Estado es un principio básico de la vida democrática. Brindar información clara y accesible contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana y a respaldar el discurso oficial de austeridad.
