Caso Agostina Páez: la Justicia de Brasil define su futuro con varios escenarios posibles
La situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez permanece en una etapa decisiva en Brasil, donde un juez deberá resolver en las próximas semanas si puede regresar al país o continuar bajo proceso en territorio brasileño.
La causa, que se tramita en Río de Janeiro por el delito de injuria racial, tuvo en los últimos días un giro inesperado. Si bien en una audiencia inicial se había habilitado el regreso de la joven a la Argentina, el magistrado dio marcha atrás horas después y ordenó que permanezca en Brasil hasta el fallo definitivo.
Según trascendió, la resolución judicial podría conocerse en un plazo estimado de entre 15 y 20 días, período en el cual las partes deberán presentar sus alegatos finales para que el juez tome una decisión.
Uno de los escenarios más probables es que se homologue el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, que contempla una pena mínima de dos años, reemplazable por medidas alternativas como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o una multa económica. En ese caso, la imputada podría regresar a la Argentina y cumplir las condiciones desde su provincia mediante cooperación judicial internacional.
Otra posibilidad es que, si bien se aplique una pena alternativa, el juez disponga que parte de las medidas se cumplan en Brasil, lo que implicaría una permanencia obligada en ese país durante un tiempo determinado.
También se analiza la opción de que el magistrado rechace el acuerdo y decida avanzar hacia un juicio completo, lo que prolongaría el proceso judicial y mantendría las restricciones vigentes sobre la acusada.
En un escenario menos probable, el juez podría fijar una condena distinta a la solicitada —dentro del rango de 2 a 5 años previsto por la legislación brasileña— o incluso dictar la absolución si considera que no hay pruebas suficientes para acreditar el delito.
Actualmente, Páez permanece bajo medidas cautelares en Brasil, a la espera de una resolución que no solo definirá su situación personal, sino que también podría sentar precedentes en casos de ciudadanos extranjeros acusados de delitos de discriminación en ese país.
