Fatida expulsó al ex secretario General Aníbal Schmidt y lo inhabilitó para ejercer cargos en la Federación y en la obra social

La Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (Fatida) resolvió la expulsión definitiva de Aníbal Schmidt durante el 32° Congreso Extraordinario, en el que participaron 18 filiales y 32 congresales de todo el país.

La medida incluye además su inhabilitación para ocupar cargos dentro de la Federación y de la Obra Social del Personal de la Industria Gráfica.

Según lo resuelto, Schmidt fue apartado “de manera inmediata y permanente” de todos los ámbitos de representación sindical y de la obra social. La resolución también instruye avanzar con acciones civiles y penales para determinar responsabilidades y recuperar fondos que habrían sido administrados de manera irregular.

En los fundamentos, se consideró que el dirigente protagonizó “conductas inadmisibles” y un “accionar indebido, irregular y moralmente reprochable” en el manejo de recursos. Señaló además que los hechos investigados implican un “grave apartamiento de los deberes de lealtad, transparencia y probidad”, y que afectaron la credibilidad institucional y la confianza de los afiliados.

También indicaron que la reiteración de las conductas y la falta de explicaciones por parte del dirigente agravaron su situación. “No hay lugar para la corrupción, la deslealtad ni la falta de ética”, sostuvieron en la resolución, al fundamentar la aplicación de una sanción “ejemplar y definitiva”.

El Congreso en Fatida.

El Congreso dispuso además comunicar la medida a todas las filiales, a organizaciones sindicales y a la Confederación General del Trabajo, y ratificó la suspensión de transferencias de fondos hacia la delegación de Ospida en La Pampa hasta tanto se esclarezcan los hechos bajo investigación.

La expulsión de Schmidt se produce a la par de la denuncia penal presentada por Fatida y Ospida ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investiga su gestión al frente de la obra social.

Según informaron, la causa reúne más de 300 fojas respaldadas por una auditoría externa realizada por el contador Daniel Arcángel Barros. El informe detectó presuntas maniobras irregulares, entre ellas operaciones sin respaldo documental, decisiones unilaterales y un manejo discrecional de los recursos.

Desde la Federación indicaron que el proceso judicial buscará esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades sobre el manejo de fondos pertenecientes a los afiliados del sector gráfico.

En paralelo, durante un plenario de secretarios generales se aprobó un documento que rechaza la actitud de una dirigente gremial de San Luis por la difusión pública de una denuncia contra un dirigente que integra el consejo directivo de la Fatida.

El pronunciamiento, impulsado por sindicatos de Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos, sostuvo que ese tipo de situaciones deben ser tratadas en los ámbitos judiciales e institucionales correspondientes. Advirtió que la exposición pública “vulnera el principio de presunción de inocencia” y puede afectar el funcionamiento de la organización.

“Reafirmamos que es deber ineludible de nuestras instituciones garantizar el tratamiento de estos hechos por las vías correspondientes, resguardando de manera equilibrada los derechos de todas las partes: tanto de la denunciante como del denunciado”, sostuvieron.

Las organizaciones firmantes expresaron su solidaridad con el dirigente y remarcaron la necesidad de preservar la institucionalidad.

Fuente: Elchorrillero

LA RESPONSABILIDAD SINDICAL EXIGE PRUDENCIA: LOS HECHOS
DEBEN RESOLVERSE EN LOS ÁMBITOS JUDICIALES, NO EN LOS MEDIOS

Los compañeros en representación de la Unión Gráfica Correntina; por el Sindicato de Artes Gráficas de Formosa; por la Unión Gráfica Misionera; y por el Sindicato Gráfico de Entre Ríos -integrantes de las zonas Litoral Norte y Litoral Sur-, manifestamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo frente a las declaraciones públicas efectuadas por la señora María del Carmen Montenegro, dirigente gremial del Sindicato de San Luis.

En dichas manifestaciones se denuncia una presunta situación de violencia que involucraría de manera directa a nuestro compañero Pedro Argüello, Secretario General de la Filial Chaco e integrante de la conducción de nuestras organizaciones a nivel nacional.

Corresponde señalar, con absoluta claridad, que toda denuncia de esta naturaleza debe ser abordada con la máxima seriedad, responsabilidad y respeto, garantizando los derechos de todas las partes involucradas.

Sin embargo, la decisión de realizar exposiciones públicas por fuera de los canales institucionales y judiciales correspondientes constituye una conducta imprudente e irresponsable, que vulnera el principio de presunción de inocencia y pone en riesgo el normal funcionamiento institucional de esta Federación.

N. de la R.: parte del comunicado emitido en el 32 Congreso Extraordinario de FATIDA, donde se menciona el caso de Pedro Arguello.