Conocé la lista completa de funcionarios que se sumaron al Régimen Simplificado de Ganancias

Luego de que la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitara su ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias dentro del esquema de la «Ley de Inocencia Fiscal”, al menos tres funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron el mismo camino y presentaron sus pedidos ante la agencia recaudadora ARCA en distintas fechas.
Algunos de ellos son el propio jefe de Gabinete, el Ministro de Desregulación y Transformación de Estado Federico Sturzenegger y el exdiputado José Luis Espert, además del documentalista oficialista Santiago Oría; jefe de la ARCA, Andrés Vázquez; el extitular del ARCA, Juan pazos; el senador oficialistas José Benegas Lynch; el economista y senador libertario, que votó la ley, Agustín Monteverde y el embajador ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias.

A través de lo que consta en la web de ARCA, las solicitudes de adhesión al régimen se presentaron en distintas fechas: Sturzenegger y Espert habrían iniciado el trámite el 7 de mayo y el 9 de junio respectivamente, mientras que Adorni y su esposa lo hicieron en una instancia posterior, como paso previo al esquema más amplio de “Inocencia Fiscal”.
Dicho Régimen Simplificado de Ganancias es una de las herramientas centrales del nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno. Su lógica se basa en simplificar la declaración de ingresos y reducir los controles patrimoniales previos, bajo el principio de que el contribuyente es “inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario”.
Por lo que, en caso de ser aprobado el ingreso, los adherentes quedan exceptuados de ciertos requisitos tradicionales, como la justificación detallada de variaciones patrimoniales en cada ejercicio fiscal.
La adhesión de funcionarios de alto rango generó cuestionamientos políticos y éticos, ya que se trata de funcionarios que integran el mismo Gobierno que impulsa la norma. Ahora, las críticas apuntan a que el esquema podría debilitar los controles sobre el origen de los fondos y abrir un margen de menor transparencia en la evolución patrimonial.
A su vez, la discusión se intensificó porque algunos de los adherentes están bajo observación pública por el crecimiento de sus patrimonios o por su exposición política. En el caso de Adorni y su esposa, se mencionan operaciones inmobiliarias y gastos personales que deberán ser declarados ante el fisco en el marco de los regímenes vigentes.

La lista de funcionarios adheridos
Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dieron a conocer el goteo de solicitudes para ingresar a este esquema de flexibilización impositiva no se detiene. A las presentaciones realizadas por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se sumaron en los últimos días:
Al jefe de Gabinete se sumaron figuras clave del Ejecutivo como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —cuya adhesión fue defendida por su cartera como una opción legal válida para cualquier contribuyente—; la jefa de asesores de Adorni, Aimé “Meme” Vázquez; y el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, quien ya arrastraba controversias por acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación. La paradoja del sistema se completa con la inscripción de los propios encargados de controlar el fisco: tanto el actual titular de la ARCA, Andrés Vázquez —previamente denunciado por propiedades no declaradas en EE. UU.—, como su antecesor Juan Pazo, optaron por este polémico mecanismo.

El listado de beneficiarios se extiende hacia el Poder Legislativo y el entorno íntimo de Javier Milei, profundizando las críticas de la oposición. Entre los legisladores oficialistas que se adhirieron al régimen figuran el economista y senador Agustín Monteverde —quien de hecho votó la ley—, el senador José Benegas Lynch y el exdiputado José Luis Espert, salpicado el año pasado por sus vínculos con el empresario Fred Machado, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos.
Asimismo, se sumó Santiago Oría, el videasta oficial del presidente y protegido de Karina Milei para liderar la militancia digital. Desde la vereda opuesta, el diputado radical Martín Lousteau lanzó una dura advertencia al señalar que este proyecto, presentado inicialmente para la clase media, funciona en realidad como un mecanismo que «torna ciego al fisco», permitiendo que funcionarios corruptos o incluso el narcotráfico bloqueen investigaciones patrimoniales y disfruten de ingresos no declarados. Mientras tanto, en una Casa Rosada atravesada por internas paranoicas y con cambios de gabinete trabados, Adorni mantiene un estricto silencio público y adeuda la presentación de su declaración jurada, una exigencia que la propia senadora Patricia Bullrich reclamó a viva voz semanas atrás.
Qué es la Ley de “Inocencia Fiscal”
El nuevo marco normativo —identificado como Ley 27.799— introduce modificaciones al régimen penal tributario y al sistema de control fiscal. Algunos de sus principales cambios: eleva los umbrales para la persecución de delitos tributarios, reduce plazos de prescripción en ciertos casos, crea mecanismos de regularización mediante el pago de lo adeudado más un recargo adicional y establece un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias para ciertos contribuyentes.
Según estos cambios, el Gobierno sostiene que se busca incentivar la formalización y simplificar el cumplimiento impositivo. Sus críticos, en cambio, advierten que el esquema reduce la capacidad del Estado para fiscalizar el patrimonio y podría dificultar la detección de maniobras de evasión o lavado de dinero.
Allí, el Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos creados por la ley, permite a los contribuyentes adheridos presentar una declaración más acotada, basada principalmente en la información ya disponible para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Precisamente, la adhesión a este mecanismo por parte de funcionarios y dirigentes oficialistas fue lo que reavivó el debate político en torno a los alcances de la reforma.
Fuente: Perfil




