El Gobierno nacional pospone otra vez el incremento a las cargas de los combustibles
A través del Decreto 693/2026 oficializado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso un nuevo diferimiento en la aplicación integral de los gravámenes que pesan sobre los hidrocarburos. La resolución gubernamental busca amortiguar el traslado directo del componente tributario a los precios finales en las estaciones de servicio durante el transcurso del mes de agosto, en un intento por contener la aceleración del índice inflacionario.
El esquema normativo altera las previsiones del Decreto 617/2025 y traslada hacia el 1 de septiembre el remanente de los ajustes acumulados durante los periodos 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. Estos compromisos fiscales derivan de lo dispuesto en la Ley 23.966, marco legal que estipula la recarga trimestral del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) basándose en las variaciones de la inflación oficial informada por el Indec.
A pesar de la prórroga de la mayor parte del ajuste, a partir del 1 de agosto comenzará a regir un desmonte parcial del gravamen. En el caso de las naftas, la suba impositiva será de $10,572 por litro en concepto de ICL y $0,648 por el gravamen de dióxido de carbono. Respecto al gasoil, el impacto impositivo computable rondará los $9,511 por litro para el ICL y $1,084 para el IDC, sumando un diferencial específico de $5,150 destinado a la región patagónica y zonas francas delimitadas.
La administración central fundamentó la medida bajo el postulado de conservar la sostenibilidad de la senda fiscal sin resentir la reactivación macroeconómica. No obstante, el valor al público no responderá en exclusiva a esta ventana impositiva, ya que las empresas refinadoras ponderan de forma simultánea las cotizaciones internacionales del crudo, la paridad cambiaria y los costos de insumos primarios para determinar el precio final en surtidor.
