Justicia Federal: la Fiscalía rechazó la reparación ofrecida por la intendente de Enrique Urien por el cobro de una pensión por discapacidad
Aunque algún letrado asegure que Pascua no debe rendir cuentas a la Justicia, espera su turno para el juicio Oral y Público
Liliana del Carmen Pascua, intendente de Enrique Urien, se encuentra imputada en una causa por presunta defraudación contra la Administración Pública, por el cobro de una Pensión No Contributiva por Invalidez. Su defensa había ofrecido devolver $1.543.078,55 como reparación integral, pero la Fiscalía Federal no prestó su consentimiento y la causa continúa su trámite judicial.
La situación judicial de Liliana del Carmen Pascua, intendente de la localidad chaqueña de Enrique Urien, volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una presentación realizada por la Fiscalía General ante la Justicia Federal, en la que se rechazó la propuesta de reparación integral formulada por la defensa de la funcionaria.
Pascua se encuentra imputada en el expediente FRE 720/2021/TOO1, caratulado “Imputado: Pascua, Liliana del Carmen s/Defraudación contra la Administración Pública. Damnificado: A.N.DIS.”. Así surge del escrito presentado por el fiscal general Federico Martín Carniel.
La investigación por el cobro de una pensión
De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, la investigación está vinculada con el cobro de una Pensión No Contributiva por Invalidez mientras Pascua se desempeñaba laboralmente en relación de dependencia.
El planteo judicial se relaciona con la percepción de una prestación otorgada por el Estado Nacional y con los períodos en los que, según surge de las actuaciones, la beneficiaria habría percibido el beneficio mientras desarrollaba una actividad laboral.
La cuestión derivó en una investigación por una presunta defraudación contra la Administración Pública, cuya damnificada figura como la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La defensa ofreció devolver el dinero
En una audiencia celebrada el 3 de diciembre de 2025, la defensa de Pascua, representada por el abogado Armando Rafael Aquino Britos, formuló una propuesta de reparación integral de perjuicios, invocando el artículo 59, inciso 6, del Código Penal.
La propuesta consistió en la devolución de los montos correspondientes a los meses en los que se habría percibido la prestación mientras la imputada trabajaba en relación de dependencia.
Según el escrito fiscal, la defensa ofreció abonar $1.543.078,55, suma que surge de multiplicar $308.615,71 por cinco meses.
El dinero debía ser reintegrado a una cuenta del Banco de la Nación Argentina, correspondiente a prestaciones de ANSES, con la identificación del titular del beneficio y posterior rendición de cuentas ante el tribunal.
La Fiscalía no aceptó la reparación
Sin embargo, la propuesta no obtuvo el consentimiento de la Fiscalía Federal.
El fiscal general Federico Martín Carniel, al evacuar la vista concedida por el tribunal, sostuvo que el consentimiento formulado oportunamente por el representante de ANDIS carecía de efectos a raíz de modificaciones institucionales dispuestas posteriormente.
El escrito hace referencia al DNU 942/26, mediante el cual —según señala la Fiscalía— se dispuso la centralización orgánica y funcional de la Agencia Nacional de Discapacidad en una Secretaría del Ministerio de Salud.
La situación institucional de ANDIS había quedado pendiente de definición al momento de la audiencia de diciembre de 2025. Recordemos que la ex ANDIS ahora paso a hacer Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
En aquella oportunidad, el representante del organismo, Raúl Alejandro Fernández, había informado que ANDIS se comprometía a remitir instrucciones precisas respecto de la solicitud de reparación integral presentada por la defensa. Por ese motivo, solicitó un cuarto intermedio y que posteriormente se convocara a una nueva audiencia.
Finalmente, en su presentación del 4 de febrero de 2026, la Fiscalía General dejó expresamente asentado que no presta consentimiento a la reparación integral propuesta por la defensa.
Una causa que continúa su trámite
El rechazo fiscal resulta relevante porque la reparación integral había sido planteada por la defensa como una alternativa para resolver la situación procesal de la imputada mediante la restitución de los fondos cuestionados.
Pero, al menos de acuerdo con el documento incorporado a estas actuaciones, la Fiscalía no avaló esa salida.
Por lo tanto, la causa continúa su trámite ante la Justicia Federal, sin que el documento analizado permita afirmar por sí solo que exista una sentencia condenatoria contra Pascua.
El dato central
El expediente tiene como eje la presunta percepción irregular de una Pensión No Contributiva por Invalidez y la eventual afectación de fondos de la Administración Pública.
La defensa propuso devolver $1.543.078,55, mientras que la Fiscalía Federal rechazó prestar su consentimiento a la reparación integral.
El escrito fiscal lleva fecha 4 de febrero de 2026 y constituye, de acuerdo con la documentación analizada, una de las últimas actuaciones incorporadas al trámite que deberá continuar definiendo la situación procesal de la intendente de Enrique Urien.
Fuente: documentación judicial de la Justicia Federal.
Infoqom seguirá el desarrollo de la causa y las próximas decisiones que adopte el tribunal interviniente.
