Estudio de la revista Nature reveló que Chaco promovió la deforestación ilegal de bosques nativos
Un artículo de la revista científica Nature reveló que sucesivas administraciones de la provincia de Chaco implementaron mecanismos administrativos que promovieron la deforestación ilegal de sus bosques nativos. La investigación abarca un período de 15 años, comprendido entre 2009 y 2024, en el que se redujo deliberadamente la protección ambiental.
El análisis geográfico y de datos oficiales expone un entramado que trasciende las banderas políticas. Según los autores del estudio, las estrategias beneficiaron directamente a la producción agrícola, la ganadería y a las industrias de la madera.
La porción afectada forma parte del Gran Chaco argentino, considerado el segundo ecosistema más grande de América del Sur detrás del Amazonas. Este pulmón verde perdió casi el 30% de su superficie total a nivel global entre 1985 y 2020.
Estrategias oficiales para habilitar los desmontes
El estudio científico, elaborado por el biólogo Matías Mastrangelo (Conicet) y la ambientóloga alemana Vera Krause, identificó seis maniobras clave. Una de ellas consistió en recategorizar las zonas de conservación para favorecer a grandes propietarios.
En 2012, tras la solicitud de 60 empresarios, las autoridades redujeron el nivel de protección de amarillo a verde en esos campos. Como consecuencia directa, se desmontaron 34.300 hectáreas protegidas entre 2013 y 2018.
Al respecto, el investigador Matías Mastrangelo describió el trasfondo político del desmonte chaqueño: “El desmonte en la región chaqueña es una política de Estado que no distingue partidos”.
La investigación también detectó criterios laxos para otorgar permisos dentro de las zonas amarillas de resguardo. El 64% de la superficie bajo planes silvopastoriles terminó completamente deforestada debido a la muerte gradual de los árboles.
El «lavado» de madera y el negocio de las multas
Otra de las maniobras expuestas es la comercialización de la madera obtenida mediante la tala ilegal, proceso denominado «lavado». En lugar de decomisar el material, el Estado otorgó autorizaciones especiales para venderlo a industrias tanineras y de carbón.
Estas autorizaciones especiales pasaron de cubrir 6.800 hectáreas antes de 2019 a superar las 62.700 hectáreas entre 2020 y 2024. Esto significa que, en 2024, el 55% de la madera extraída en Chaco provino de desmontes ilegales.
A esto se sumó un esquema de multas económicas que los infractores asumen como un costo de producción más. El valor de la sanción promedio fue de U$S 850 por hectárea entre los años 2010 y 2024.
Los autores del informe explicaron el desincentivo económico de las penalizaciones aplicadas por el Estado: “En 2024, la venta del quebracho colorado extraído durante un desmonte podía cubrir la multa y dejar una ganancia inmediata de U$S 126,5 por hectárea. Además, quienes pagan voluntariamente reciben un descuento del 50%”.
La respuesta del Ministerio de Producción chaqueño
Desde el gobierno de la provincia de Chaco, conducido por Leandro Zdero, rechazaron que la última actualización territorial sea regresiva. El ministro de Producción, Óscar Dudik, defendió las políticas de fiscalización implementadas a partir de 2025 al mismo medio.
Según las cifras oficiales del Ministerio, la pérdida de masa boscosa cayó de 54.000 hectáreas en 2023 a 13.000 hectáreas en 2025. Durante el primer semestre de 2026, la cartera estimó la pérdida en unas 2.000 hectáreas.
Las autoridades atribuyeron esta baja a la aplicación de mayores controles para revertir la anarquía administrativa previa. No obstante, fuentes vinculadas a la Justicia provincial expresaron cautela ante la veracidad de estos registros oficiales.
Fuente: Diario La Voz
