Nuevo Régimen Penal Juvenil: desde los 14 años los adolescentes podrán quedar sujetos a un proceso penal
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en Argentina y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos. La reforma reduce a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede quedar alcanzada por la responsabilidad penal juvenil y establece nuevas reglas para la investigación, el juzgamiento y las medidas que pueden aplicarse.
La Ley 27.801 crea un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por un delito contemplado en el Código Penal o en leyes penales especiales.
De esta manera, la reforma modifica el esquema anterior y establece que los adolescentes de 14 y 15 años también pueden quedar sometidos a un proceso penal juvenil cuando se los acuse de haber cometido un delito alcanzado por la nueva normativa.
El nuevo sistema contempla reglas propias para el tratamiento judicial de los menores de edad, con procedimientos diferenciados respecto del régimen penal destinado a los adultos.
La reforma también busca establecer un marco específico para la intervención del Estado frente a adolescentes acusados de delitos, combinando la responsabilidad por el hecho investigado con medidas orientadas a la reinserción social y la protección de derechos.
La entrada en vigencia del régimen se produce luego de la sanción definitiva de la nueva legislación por parte del Congreso. El Gobierno nacional había destacado la aprobación de la norma como una modificación de un sistema que permanecía vigente desde hacía décadas.
Uno de los principales puntos de la reforma es, precisamente, la edad de imputabilidad: desde ahora, el régimen alcanza a adolescentes a partir de los 14 años. Sin embargo, esto no significa que un menor de esa edad reciba automáticamente el mismo tratamiento que una persona adulta, ya que la ley establece un régimen penal juvenil específico.
El cambio abre una nueva etapa en el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes y vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad penal, las medidas de seguridad, la prevención del delito y las políticas de reinserción destinadas a menores de edad.
