¿Investigadora exonerada por descubrir que los argentinos tienen plaguicidas en el cuerpo?

Con más de veinte años de trayectoria en el sistema científico, Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET, enfrenta un sumario administrativo vinculado con su participación como responsable del proyecto internacional Sprint. El expediente podría derivar en su exoneración. La científica cuestiona el proceso y sostiene que las consecuencias ya afectan su trabajo y la continuidad de sus investigaciones. El INTA-Balcarce, organismo estatal de investigación agropecuaria, truncó la parte final de esta iniciativa y prohibió la difusión de los resultados de ese estudio sobre la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente. Sprint ya determinó que las personas del suroeste bonaerense que participaron del proyecto tienen entre dos y diez plaguicidas en sangre, entre seis y trece en orina y entre cero y 18 sustancias en materia fecal.

Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET, lleva más de dos décadas trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde 2020 coordinó la participación argentina en Sprint, un proyecto internacional financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE), que estudió la distribución de 206 plaguicidas en matrices ambientales, humanas, animales y vegetales en once países.

Ingresó al INTA en 1997, mientras estudiaba, y en 2004 pasó a planta transitoria. La carrera, el doctorado y el posdoctorado los hizo mientras trabajaba en el organismo. Cuando en 2009 se mudaron al nuevo edificio, participó junto a sus compañeros del diseño y de los detalles de cada espacio. “Hasta tomamos el inventario de la cantidad de enchufes que queríamos tener. Acá nos mudamos en 2009. Es mucho tiempo. Es realmente mi casa. Mi oficina tiene cuadritos, un florero”, cuenta con una sonrisa. Desde fines de 2024, esa rutina cambió: enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración.

Los resultados

Iniciado en septiembre de 2020, Sprint buscaba estudiar la distribución de plaguicidas en matrices ambientales, humanas, animales y vegetales y analizar su relación con la salud de los ecosistemas, las plantas, los animales y las personas

Uno de los aspectos previstos por el proyecto era que los participantes pudieran acceder a sus propios resultados. El trabajo con personas había sido sometido previamente a una comisión de ética en Europa y luego a la evaluación correspondiente en cada país. Allí se establecía que quienes participaran podían solicitar información sobre sus resultados individuales.

Cuando las muestras comenzaron a regresar de Europa, Aparicio consultó a los 73 participantes si querían conocer sus datos. Sólo una persona respondió que ya no estaba interesada. Para el resto, elaboró informes individuales con los valores obtenidos en sangre, orina y materia fecal.

En paralelo, comenzó a organizar una reunión virtual para presentar los resultados generales. Mientras realizaba un posdoctorado en España, con una beca del CONICET, coordinó el encuentro junto con el equipo de comunicación del INTA. La intención era que la reunión tuviera carácter institucional y permitiera explicar los resultados de manera responsable. La reunión estaba pactada para el 21 de junio de 2023. Pero cuando ya estaba organizada y las invitaciones habían sido enviadas, una decisión del Consejo Directivo del organismo dispuso que debía suspenderse. “Como ya había mandado la invitación a la reunión y los datos, muchos de los voluntarios se empezaron a organizar entre ellos. Yo les advertí a mis superiores. Igual me prohibieron esa reunión”, cuenta.

El 27 de septiembre de ese año, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 78), fueron presentados en una conferencia virtual desde Nueva York parte de los resultados de Sprint..

El 7 de diciembre, tres días antes de la asunción de Javier Milei, el entonces presidente del INTA, ingeniero Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023, que dispuso el cierre de la participación argentina en el proyecto Sprint. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo del INTA, integrado por representantes del sector público y del sector privado: Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Según Aparicio, ese mismo órgano interviene ahora en el proceso que podría derivar en su exoneración.

“Fue muy cruel porque vos le decís a alguien: tenés, por ejemplo, atrazina en sangre, y después no le das ninguna explicación ni ninguna salida”, sostiene. Y agrega: “El INTA, al correrme y no dejar que siga trabajando, rompió todo el entretejido social que habíamos armado”.

Según explica, el proyecto contemplaba una primera etapa de diagnóstico y una segunda de trabajo junto a los productores. “Luego venía la etapa de trabajar con el productor en prácticas que lo llevaran a reducir la dependencia con el químico. Ningún productor accede a que mires en detalle hasta su materia fecal si no lo ayudás a resolver”.

La devolución de los resultados formaba parte de un objetivo más amplio. Buscaba analizar cómo se distribuían los plaguicidas y aportar información que permitiera revisar las prácticas productivas. “Hay que construirlo con la gente. Si la gente no se apropia de su dato y de su práctica y la asocia para producir cambios, no sirve”, plantea.

Desde fines de 2024, Aparicio enfrenta un sumario administrativo. Durante 2025, buena parte de su tiempo estuvo dedicada a defenderse por escrito de acusaciones que, según relata, están vinculadas con su participación en el proyecto. De los 13 profesionales que inicialmente fueron sumariados, quedaron tres: el director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, otro investigador y ella. Según cuenta, para los dos primeros se propusieron suspensiones y para ella, la exoneración.

El gremio al que pertenece, APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), tomó conocimiento de manera extraoficial de que, en agosto de este año, el Consejo Directivo del INTA había ratificado la propuesta de exoneración formulada por la instrucción sumarial. “Ni siquiera pasaron por la cesantía. Directamente que salga de INTA, de CONICET, de todos lados. No encontré un antecedente similar en el ámbito científico. Me quieren sacar todo”, afirma.

Mario Bolla, abogado de Aparicio, explica que el caso se encuentra próximo al dictado de la resolución definitiva. El expediente todavía es reservado, por lo que Bolla no puede detallar las imputaciones. Sí explica que son once, aunque inicialmente se hablaba de ocho, porque una de ellas comprende tres hechos diferentes. Para la defensa, ninguna de las acusaciones tiene sustento suficiente para justificar una sanción grave. “Todos sus pasos fueron informados a su superior jerárquico, el director de la Experimental Balcarce, siguiendo la línea jerárquica”, sostiene Bolla.

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa está puesto en la prueba. Bolla asegura que, aunque pudieron presentar el descargo, “casi todas” las pruebas ofrecidas fueron rechazadas durante la instrucción por cuestiones formales. Entre ellas menciona testimonios cuyos domicilios no habían sido consignados, pese a que la defensa había aportado teléfonos y otros medios de contacto; pedidos de careos que no fueron admitidos y documentación en inglés vinculada con Sprint que fue rechazada por no contar con traducción de traductor público.

Según Bolla, el requisito resultaba particularmente problemático en este último caso porque el inglés era el idioma oficial del proyecto al que el INTA había adherido. Para el abogado, el rechazo de esas pruebas afectó el derecho de defensa. En su interpretación, el conflicto excede la discusión sobre las sanciones administrativas, están involucrados el derecho al trabajo, la estabilidad del empleado público y las garantías del debido proceso, entre otros derechos constitucionales.

Mientras el expediente se encamina hacia una resolución, las consecuencias del conflicto ya modificaron el trabajo cotidiano. “No puedo participar de las conversaciones ni de las decisiones. Me han sacado todo. Incluso se compró en el INTA un equipo más moderno que el que tenemos para medir plaguicidas y, desde que llegué de España, en 2023, no lo puedo usar. Si quiero hacer una muestra, me la cobran y no tengo cómo pagar”.

También cambió el vínculo con sus compañeros. “Tienen miedo de que les pase algo similar. El miedo te deja insensible con el que está mal. No es agradable que hablen mal de vos. Se crea una estigmatización de la que no salís más. Todo es un delirio, pero queda en el imaginario popular y prende bastante fácil en este contexto que vivimos: este mensaje de que los empleados públicos hacemos cualquier cosa”, explica.

“Parece que soy la única que quiere ver”

Para Aparicio, el conflicto excede su situación personal y vuelve a poner en discusión qué lugar ocupa la salud en las investigaciones sobre el ambiente agropecuario. “Si te ponés a pensar, hay un gran ausente que es cualquier institución de salud. Nadie se acerca a preguntar qué pasa. Toda la información del Sprint está publicada científicamente, tuvo revisión por pares, el informe final que hace la Comisión Europea es bueno, en cuanto a su dimensionamiento y a su discusión. Entonces no hay más ciego que el que no quiere ver. Parece que, en este ámbito, el INTA, soy la única que quiere ver”, sostiene.

No sabe exactamente cómo interpreta el organismo su resistencia a abandonar el tema. Prefiere hablar de una posibilidad antes que de una certeza. Recuerda que, en otras oportunidades, con su insistencia, consiguió que volvieran a publicarse en la página del INTA materiales que habían sido retirados porque abordaban cuestiones vinculadas con los plaguicidas.

“Lo que creo que les va quedando claro de mi personalidad es que yo voy a estar, curiosamente, viendo qué pasa para resolver. Antes, cuando me censuraron algún libro, lo colgaban en la página del INTA y después lo bajaban porque hablaba de plaguicidas. He dado vueltas y vueltas y he logrado que lo vuelvan a subir. Entonces, capaz que ven una tenacidad que no pueden controlar. No sé bien. Es especulativo lo que digo.”

En paralelo al avance del sumario, organizaciones, instituciones y personas de distintos ámbitos expresaron su apoyo a través de un documento titulado “En defensa de la ciencia pública y la libertad de investigar”. Allí manifiestan su preocupación ante el avance del proceso de exoneración y destacan su trayectoria en el estudio de suelos, agua, producción agropecuaria y plaguicidas.

Fuente: AN CCOM (Agencia de Noticias Ciencias de la Comunicación UBA)