Cuando el poder de un médico ataca, los expedientes duermen en la Justicia

Hay historias que indignan por la crudeza de los hechos, pero que provocan todavía más rabia cuando se descubre que no son casos aislados. Cuando los relatos de distintas mujeres empiezan a cruzarse, con nombres diferentes, en fechas distintas y en circunstancias varias, lo que aparece ya no es un «incidente aislado» o un «malentendido»: es un modus operandi. Un patrón sistemático donde la vulnerabilidad, la confianza en la bata blanca y el abuso de poder se combinan en un mismo escenario.

Todas las miradas y denuncias penales recaídas ante la Unidad de Atención a la Víctima (UDAVC) y el Centro Judicial de Resistencia convergen en un mismo nombre: el médico ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega (Matrícula Profesional Nº 3854).

A través de expedientes, chats y relatos judiciales, se reconstruye una trama alarmante donde la pregunta que flota en el aire es siempre la misma: ¿cuántos sellos, firmas y folios hacen falta para que la Justicia active sus engranajes?

El «diagnóstico del miedo» y la cirugía que nunca existió

El caso de Melisa es una muestra de cómo la manipulación del miedo se convierte en una herramienta de sometimiento. En febrero de 2022 acudió a una consulta cotidiana por dolores abdominales e irregularidades en su período. La respuesta del médico fue drástica y alarmante: le dijo que sus miomas parecían «la cabeza de Mickey Mouse, con sus orejas y todo» y que debía someterse de forma urgente a una histerectomía (la extirpación del útero).

Incluso, mientras la asustaba con la urgencia de la intervención, se dio el lujo de proponerle «de paso» una cirugía estética para «sacarle la grasita y acomodar la cicatriz de la cesárea».

Melisa sacó un préstamo para pagar anestesistas y ayudantes de bolsillo, pagos de los que jamás le dieron comprobante, y entró al quirófano creyendo que le salvaban la vida. Días después, el médico le envió por WhatsApp la foto de una pieza anatómica ensangrentada que supuestamente era su órgano. Melisa atravesó meses de duelo y depresión conviviendo con la amarga idea de que había perdido la maternidad para siempre.

Pero el cuerpo no miente. Ante la persistencia de sangrados, consultó con otros profesionales y se realizó ecografías y tomografías contrastadas. La respuesta médica la dejó en shock: su útero estaba sano, íntegro y en su lugar. Nunca se lo habían sacado.

«Él dijo que me había sacado el útero, pero mis estudios confirman que está completo y normal… Me dijo que no podría tener hijos ni sangrar más, ninguna de esas cosas era verdad. La fotografía que me mandó no se corresponde con mi cuerpo. Abusó de mis miedos, de mi estado y de mi confianza», expresó Melisa en su presentación judicial.

En el consultorio: el trato degradante y la violencia explícita

Meses después, la historia se repitió con otra paciente. Jesica, de 26 años, asistió a una revisión ginecológica en el consultorio del profesional. Lo que debía ser un examen médico de rutina se transformó en una pesadilla de comentarios descalificadores y violencia explícita.

Según la denuncia penal presentada en septiembre de 2026, el médico deslizó frases misóginas y denigrantes sobre las mujeres mientras avanzaba la consulta:

«En la vida hay que ser bien putas y no contagiarse nada…», «Porque me mentís, así son las mujeres, mienten todo el tiempo…», fueron algunas de las expresiones reconstruidas en la causa.

El relato judicial indica que, durante la realización de una ecografía transvaginal, el profesional omitió el uso de guantes de látex reglamentarios para manipular su ropa interior y mantuvo manoseos e interacciones físicas innecesarias y carentes de todo justificativo médico sobre su pierna. Para colmo, se negó a recetarle estudios diagnósticos preventivos y no le entregó la impresión ni el informe de la ecografía realizada, reteniendo sus datos de salud.

Detrás de la pantalla: el consentimiento vulnerado y el cinismo

El accionar no se limitó al ámbito de las camillas. En un plano personal y romántico, el caso de Romina expone la misma falta absoluta de empatía y de respeto por los límites ajenos.

Tras una cita en la que ella le manifestó de forma explícita que no deseaba mantener relaciones sexuales, Romina sufrió un ataque en el que quedó completamente paralizada y en estado de shock. A pesar de verla llorar y escuchar su negativa, el médico avanzó.

Días después, cuando la víctima juntó fuerzas y lo enfrentó por mensaje privado en Instagram, la respuesta del profesional rozó el cinismo más absoluto:

Romina: «Qué loco que vos estés insinuando que yo soy mala persona cuando a vos te importó una mierda que yo esté llorando y no tenía ganas de tener relaciones y lo hiciste igual. Fue muy sorete de tu parte…»

Kumiega: «Besos».

Poco después, el hombre continuó enviándole fotos de sus viajes, comidas e incluso tarjetas de buenos deseos navideños con la frase «Que el respeto y el amor al prójimo sea guía en nuestro actuar diario», actuando como si nada hubiera pasado.

La lentitud judicial: la otra violencia

Engaños sobre la propia salud, cirugías fantasma para cobrar honorarios en negro, violaciones de la intimidad en la camilla y agresiones sexuales fuera del consultorio. Los testimonios acumulados trazan un panorama abrumador.

Sin embargo, las víctimas coinciden en una profunda sensación de desamparo: ¿Por qué la Justicia se mueve a ritmo de caracol ante evidencias tan aplastantes?

Mapear estas denuncias obliga a reflexionar sobre cómo funcionan los resortes de protección en nuestra sociedad. Cuando una mujer denuncia mala praxis, violencia obstétrica o abuso sexual, no solo se enfrenta al trauma vivido; se topa con un sistema institucional que suele dilatar tiempos, pedir pericias eternas y archivar carpetas en los despachos judiciales. Mientras las denunciantes arrastran secuelas psicológicas, gastos médicos y un daño emocional inconmensurable, los acusados suelen seguir ejerciendo, atendiendo en sus consultorios y conservando la matrícula intacta.

¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? ¿Cuántas denuncias acumuladas hacen falta para que los organismos de salud, el Colegio Médico y la Justicia del Chaco actúen con la firmeza y la celeridad que estos casos exigen? Las pruebas y las voces ya están sobre la mesa; ahora le toca a la Justicia demostrar de qué lado está.

Redacción Infoqom