El verso de la proscripción de Cristina Kirchner

Por Pablo Mendelevich para LA NACION

Adivinanza: ¿en qué se parecen Carlos Menem, Amado Boudou, Julio de Vido, Ricardo Jaime, José López y Cristina Kirchner?

Poca gente lo recuerda. Ninguno de los seis -o cinco, si se considera que Menem ya falleció- pueden ser candidatos nunca más a nada. Fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos por la Justicia debido a que resultaron condenados por delitos contra la administración pública, el peculado o el cohecho. Se los inhabilitó mediante una medida accesoria de la condena.

El razonamiento de la ley que los jueces aplicaron es bastante simple: quien se quedó con dineros públicos no puede volver a ejercer un cargo en el Estado porque eso significaría confiarle de nuevo dineros públicos a alguien que robó.

La campaña que hoy sostiene que Cristina Kirchner es víctima de proscripción, que la quieren prohibir por sus ideas revolucionarias y sus medidas progresistas, que no le permiten ser candidata por su historia heroica, porque la odian o -hasta se llegó a decir- “por ser mujer”, es ostensiblemente falaz, por no decir absurda. Pero si para advertir la falacia no bastara con diferenciar una inhabilitación judicial de una proscripción, habría que preguntarse por qué el peronismo nunca dijo que Menem, Boudou, De Vido, Jaime o López, entre otros (también están los que tuvieron inhabilitaciones temporales), son perseguidos políticos igual que la expresidenta dado que también quedaron inhabilitados de por vida para desempañar cargos públicos.

El antecedente de Menem es el más interesante. Se organizó, es cierto, una campaña memorable del peronismo respecto de Menem, pero para hundirlo. Lejos de salir en su defensa por los procesos de corrupción que afrontaba, Néstor Kirchner lo acusó públicamente de “ladrón”. En marzo de 2003 dijo: “lo que pasa es que ladrón siempre cree que todos son de su condición”. Llegó a aborrecerlo a diario. Entre otras cosas lo consideró máximo exponente de “la segunda década infame”, equiparando el período menemista con la etapa de corrupción sistemática y fraude patriótico de los años treinta.

Carlos Menem, en su banca en el Senado. Fabián Marelli – LA NACION.

En diciembre de 2015 Menem fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el tribunal oral que lo juzgó en la causa de los sobresueldos. Por entonces era senador. Y siguió siéndolo debido a que apeló la sentencia con la fe y la sabiduría no muy sofisticada que tiene cualquiera que conozca la parsimoniosa misericordia en diagonal de la justicia argentina, la cual deja pasar el tiempo como si fuera un monje tibetano sentado sobre los expedientes. Aunque Menem estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos, cuando a los 90 años lo sorprendió la muerte, en 2021, seguía siendo honorable senador sólo porque la Corte Suprema todavía no había encontrado la hora de emitir un fallo definitivo para que su condena entrase en práctica. A esa altura la causa de los sobresueldos llevaba 15 años.

En rigor, Menem no estaba inhabilitado por una causa judicial sino por dos, ya que también pendía sobre su cabeza la del contrabando de armas, que tampoco estaba firme. En 2017 la Cámara Nacional Electoral quiso frenar la nueva candidatura a senador y no pudo hacerlo, tuvo que esperar que la Corte se pronunciara. La Corte enarboló el principio de inocencia: las inhabilitaciones no están firmes, dijo, luego no pueden ser aplicadas. El “inhabilitado” Menem volvió entonces a ser elegido senador por La Rioja, donde miles de peronistas indignados venían gritando que lo habían querido proscribir. Cristina Kirchner callaba.

A los Kirchner, que estuvieron en el poder durante 16 años, tampoco se les ocurrió en ningún momento reformar los artículos del Código Penal relacionados con la potestad de los jueces de fijar inhabilitaciones temporales o vitalicias para funcionarios que cometieran determinados delitos. De repente la expresidenta sostiene ahora a través de sus abogados que esos artículos son inconstitucionales.

El peronismo a nivel nacional tampoco nunca manifestó que la inhabilitación perpetua de Menem para ejercer cargos públicos significaba proscribirlo. Compañera de Menem en la cámara, en el partido y el último año, en el bloque, la senadora Kirchner sólo puso en su boca la palabra proscripción cuando la inhabilitación le tocó a ella. Se autopercibió proscripta en un acto celebrado en Avellaneda siendo presidenta del Senado. Para entonces Menem ya había fallecido.

En aquel momento ella sostenía no sólo que los jueces habían creado un “partido judicial” para encarcelar líderes populares (como ella, no como Menem) sino que denunciaba una persecución trasnacional: lo mismo le había pasado a Lula, otro representante del pueblo. Cuando cayó preso Jair Bolsonaro tuvo que acomodar el discurso.

El 6 de diciembre de 2022, después de conocerse el fallo de la causa Vialidad, fuera de sí dijo: “no voy a ser candidata a nada, a na-da”. Pero sucede que en ese momento no tenía impedimento jurídico alguno porque la sentencia aun no estaba firme. La Corte recién la ratificó en 2025. Si bien usaba la bandera nacional y el despacho oficial de vicepresidenta para inocularles lustre institucional a sus alegatos personales, al explicar por qué no se presentaría a las elecciones presidenciales de 2023 adujo que buscaba preservar el prestigio inmaculado del Partido Justicialista. En sus palabras: “No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada”. Nunca explicó por qué cambió de idea.

Ahora que sí está jurídicamente inhabilitada dice que le impiden ejercer su derecho de ser candidata, como si tuviera planes de serlo. ¿Y por qué cree que el PJ ya no sería “maltratado” en una campaña que llevara como candidata a una condenada? ¿Ahora ese detalle ya no mancillaría al prestigioso PJ?

El traslado de Amado Boudou a Comodoro Py. Emiliano Lasalvia – LA NACION

Boudou fue condenado en 2018 a 5 años y 10 meses de prisión más la inhabilitación especial perpetua después de que se quiso quedar con la fábrica de hacer billetes. En diciembre de 2020 la Corte ratificó la condena en su totalidad. Durante el proceso Boudou peleó su situación con el argumento cristinista del “lawfare”, pero ella abandonó temprano a su “valiente” vicepresidente, como lo llamaba. Es cierto que en 2012 le ordenó al Congreso la expropiación de la empresa Ciccone con la intención de frenar la causa judicial contra Boudou (el argumento público fue que había que defender la soberanía de los billetes; dicho sea de paso, hoy se fabrican en China), pero como la maniobra no funcionó, la presidenta le soltó la mano. Nunca más le habló. Huelga decir que jamás lo visitó mientras estuvo preso (ni a él ni a nadie). En su libro Sinceramente apenas lo menciona.

Boudou logró cierto apoyo de figuras kirchneristas en tiempos de los Fernández en una solicitada que se tituló “Con lawfare no hay democracia”. Pero el texto no hacía foco en la proscripción, pese a que alguna vez él se describió como el primer proscripto. La líder que lo hizo primero ministro de Economía y después vicepresidente se ve que no piensa igual. Ese es su sitial exclusivo.

Por supuesto, mucho menos se le ocurriría a Cristina Kirchner salir en defensa de dos inhabilitados, o sea “proscriptos”, como José López o Ricardo Jaime, verdaderos parias de la corrupción kirchnerista, a quienes finge casi no conocer.

La narrativa de la proscripción funciona en el peronismo como un resorte pavloviano: ante cualquier adversidad o cuestionamiento, el reflejo condicionado es denunciar persecución. Pero Cristina Kirchner ha conseguido algo más, apropiarse de la memoria partidaria flotante, erigirse poéticamente, no de manera explícita, en la reencarnación de un Perón prohibido por el gorilismo malvado, un Perón al que se le inventan cosas horripilantes para que no vuelva.

¿Acaso ella busca volver? No es ciega. Que se diga proscripta y con derecho a ser candidata no significa que crea que tiene posibilidades jurídicas o políticas de serlo, mucho menos en este inminente proceso electoral de 2027.

En 2023 no fue candidata “a na-da” porque perdía y ya había gastado el cartucho de agazaparse en la fórmula presidencial, con los resultados conocidos. Gracias a su consabido ojo de lince para reconocer candidatos premium a la legua, la madrina de Martín Insaurralde, de Daniel Scioli, de Alberto Fernández, lo puso a Wado de Pedro. A las veinticuatro horas lo tuvo que bajar.

Hoy sus hipotéticas chances electorales se encuentran levemente desmejoradas. Cuando decidió no competir, su imagen positiva estaba entre 30 y 33 por ciento. Se calcula que en la actualidad conserva un nivel cercano al 33, pero el núcleo duro del rechazo que su figura genera se agrandó. En otras palabras, desde un punto de vista electoral está un poco peor. Pero a la vez su situación resulta sorprendente: presa, sin chances reales de ser candidata, sigue detentando en el peronismo el liderazgo más vigoroso de todas las facciones, lo que le otorga, como mínimo, un formidable poder de veto interno. Ese es el problema que por lo pronto tiene el segundo líder más importante, Axel Kicillof.

Increíble pero cierto, con el soporte de su “solicitud de medidas cautelares” al Comité de Derechos Humanos de la ONU logró instalar la idea -falsa- de que sigue en carrera. La idea-fuerza que prendió entre algunos -quién sabe cuántos- dirigentes, influencers, tuiteros y periodistas no K es esta: “mucha gente quiere votar por Cristina, habría que discutir eso porque afecta a la democracia”.

Cristina Kirchner calcó esta idea-fuerza del manual de Lula (sus partidarios instalaron en 2018 que su detención hería de muerte a la democracia brasileña), pero ella lo hizo con el eco local de Perón, cuyo exilio forzado y proscripción sostenida, según se repetía cuando el general vivía en Madrid, le imposibilitaba a la mayoría votar por su líder. Por diferentes motivos, ambas comparaciones tácitas resultan por completo inapropiadas.

¿Si una multitud se declara fanática de un delincuente, el delincuente se purifica? ¿En qué inciso del estado de derecho se encuentra esa norma?

Lula, poco antes de declarar por el Lava Jato. Paulo Whitaker – Reuters

Lula, que a diferencia de Cristina Kirchner cumplió prisión efectiva y común en una cárcel, fue condenado en el marco de la Operación Lava Jato, dirigida por el juez Sergio Moro. Años después las condenas fueron anuladas por la Corte Suprema de Brasil tras demostrarse que existió una connivencia política e irregularidades procesales entre los fiscales y el propio juez Moro, lo que vició el debido proceso.

La expresidenta argentina fue a prisión solo después de que la Corte ratificó y dejó firme su condena tras agotarse todas las instancias de apelación. Intervinieron a lo largo del proceso 14 jueces y 5 fiscales, la mayoría de ellos -incluido el fiscal Luciani- nombrados durante los mandatos presidenciales de los Kirchner. ¿De qué partido judicial habla?

En cuanto a Perón, la trampa consiste en equiparar dictaduras y gobiernos civiles tutelados por las Fuerzas Armadas con gobiernos constitucionales como los que se sucedieron en el país durante el desarrollo de la causa. Es decir, consiste en hacer como si el estado de derecho fuera un cuento.

¿Qué busca Cristina Kirchner en un comité de las Naciones Unidas? ¿Qué espera conseguir? Es probable que sea una candidatura. Pero no para ella sino para su hijo Máximo.

La campaña en curso desaguaría en el modelo transferencia de sufragios, ya sea versión Bolsonaro, versión Fujimori o, quién sabe, versión Perón-Cámpora. Pero no para la presidencia sino para la provincia de Buenos Aires. En algún momento ella va a decir que nada es casual, que el partido judicial se sincroniza con el cronograma electoral, porque resulta que Máximo Kirchner debe sentarse ahora, en el marco de la causa Los Sauces, en el banquillo de los acusados, y en marzo debería hacerlo en la causa Hotesur. Para que haya una condena firme -si la hubiera- igual faltan siglos. Máximo se puede largar tranquilo.

Fuente: LA NACION