Pablo Molina: nueve años y medio de prisión por favorecer a narcos y otra condena firme
El exsecretario judicial chaqueño Pablo Carlos Molina recibió una nueva condena de nueve años y seis meses de prisión por integrar una asociación ilícita que, según la investigación, favorecía a narcotraficantes mediante el pago de coimas desde el juzgado federal de Corrientes que dirigía el exjuez Carlos Soto Dávila.
Molina, hijo del fallecido Eduardo Molina, quien fue integrante del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, recibió la pena más alta entre los ocho condenados a los que el Tribunal Oral Federal de Corrientes les fijó nuevas sanciones. Además, fue inhabilitado de manera especial y perpetua para ejercer funciones alcanzadas por esa medida.
La condena se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal modificara, en diciembre de 2024, la calificación legal de los hechos y considerara acreditada la participación de los acusados en una asociación ilícita. En el juicio oral de 2023, Molina había recibido cinco años de prisión por delitos vinculados con el cobro de sobornos y el dictado de resoluciones judiciales favorables a personas investigadas por narcotráfico.
Una segunda condena por espionaje telefónico ilegal
La nueva pena se suma a otra condena de cuatro años de prisión que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme en agosto de 2026.
En esa causa, Molina fue considerado responsable de los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica por haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su esposa y de un hombre cercano a ella, utilizando mecanismos vinculados con una investigación judicial por narcotráfico.
La maniobra se realizó sin la correspondiente resolución judicial que autorizara las escuchas. La investigación permitió establecer que se habían intervenido las comunicaciones y que las grabaciones fueron encontradas durante un relevamiento en dependencias judiciales.
Con el rechazo del recurso presentado por la defensa ante la Corte Suprema, quedó firme la condena de cuatro años de prisión.
De esta manera, Molina acumula dos condenas por causas diferentes: una vinculada con la corrupción judicial y el favorecimiento de narcotraficantes, y otra por las intervenciones telefónicas ilegales.
Las penas para los otros condenados
Además de Molina, el Tribunal Oral Federal de Corrientes estableció nuevas penas para otras siete personas involucradas en la causa por corrupción judicial.
Federico Alberto Grau, también exsecretario del juzgado, recibió seis años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua.
El abogado Duylio Horacio Barboza Galeano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que los abogados Gregorio Humberto Giménez, Tomás Alfredo Viglione y Jorge Ricardo Vallejos recibieron tres años y seis meses cada uno.
Por su parte, el abogado Omar Antonio Serial recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso, y Juan Manuel Faraone, exintendente de la localidad correntina de Empedrado, fue condenado a dos años de prisión en suspenso.
La situación de Soto Dávila sigue pendiente
El exjuez federal Carlos Soto Dávila, señalado como jefe de la organización, también fue alcanzado por la decisión de Casación, que agravó su responsabilidad penal al considerarlo jefe de una asociación ilícita.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes postergó la determinación de su nueva pena hasta que se resuelva un planteo de su defensa relacionado con una presunta incapacidad sobreviniente.
La causa investigó un esquema en el que funcionarios judiciales y abogados habrían coordinado el cobro de sobornos para beneficiar a personas vinculadas con el narcotráfico mediante resoluciones favorables, entre ellas decisiones relacionadas con la libertad y la situación procesal de los imputados.
Los fundamentos de las nuevas penas serán dados a conocer el 10 de noviembre, instancia que permitirá conocer en detalle los criterios utilizados por el tribunal para determinar las sanciones.
Redacción Infoqom
Fuente: Fiscales.gob.ar
