Mendoza expulsó a una diputada condenada por corrupción que había admitido el desvío de fondos públicos

La Cámara de Diputados de Mendoza resolvió por unanimidad expulsar a Janina Ortiz, quien había sido condenada por delitos vinculados con el desvío de fondos públicos durante su paso por la Municipalidad de Las Heras. La decisión marca un hecho inédito en la Legislatura provincial desde el regreso de la democracia.
Ortiz, que integraba el bloque La Unión Mendocina, había sido condenada el 20 de octubre a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad penal junto con su pareja, el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco.
La investigación determinó que durante la gestión municipal se desviaron al menos 35,5 millones de pesos mediante transferencias a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, que debía prestar servicios de limpieza y otras tareas para el municipio. Según la causa, esas prestaciones no se realizaban como figuraba en la documentación presentada.
En el caso de Ortiz, la condena incluyó cuatro hechos de peculado, uso de documento público falso y coacciones. Orozco también recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Una banca vacante y un reclamo salarial
La exlegisladora había sido suspendida sin goce de haberes en marzo de 2024, mientras avanzaban las investigaciones judiciales. Desde entonces, su banca permaneció vacía.
Tras la condena, la Cámara avanzó con su exclusión y declaró vacante el cargo. La decisión también rechazó el reclamo de Ortiz por los salarios que dejó de percibir durante la suspensión, aunque la exdiputada mantiene una presentación judicial ante la Suprema Corte de Mendoza para exigir el pago de esos haberes.
La Legislatura deberá ahora comunicar la vacancia a la Junta Electoral provincial, que determinará quién debe ocupar el lugar. Según el orden de la lista electoral de 2023 de La Unión Mendocina, la banca correspondería a María Belén Castillo, dirigente del PRO.
La expulsión constituye un antecedente institucional en Mendoza: según las autoridades legislativas, es la primera vez desde 1983 que la Cámara adopta una medida de este tipo contra uno de sus integrantes.




