Paraguay atraviesa una nueva jornada de tensión social y económica este lunes 9 de noviembre, con una movilización nacional de docentes que reclaman garantías para recuperar millonarios recursos previsionales comprometidos por la crisis de Ueno Bank. Los gremios advierten que alrededor de 60 millones de dólares de la Caja Fiscal permanecen afectados por la intervención de la entidad bancaria y exigen respuestas urgentes del Gobierno encabezado por Pedro Alliana.

La protesta se desarrolla en Asunción y en distintas ciudades del interior paraguayo, con suspensión de actividades educativas en establecimientos públicos. La medida de fuerza fue convocada por organizaciones sindicales que consideran necesario garantizar la continuidad de las jubilaciones y proteger los aportes realizados por miles de trabajadores de la educación.

El conflicto se produce en medio de una profunda crisis institucional, después de la destitución del expresidente Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con las investigaciones sobre la entidad financiera.

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) exige que el Estado garantice la devolución de aproximadamente 60 millones de dólares pertenecientes a la Caja Fiscal, el sistema previsional de los trabajadores públicos.

Los recursos quedaron comprometidos tras la intervención de Ueno Bank, entidad que atravesó graves dificultades financieras. Los representantes docentes sostienen que la situación genera incertidumbre sobre la capacidad del sistema para continuar pagando jubilaciones y permitir el retiro de quienes están próximos a concluir su actividad laboral.

Además, solicitan la recuperación de aproximadamente 355 millones de dólares vinculados con inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de prestaciones jubilatorias y sanitarias de numerosos trabajadores paraguayos.

El reclamo también comprende los recursos de otras cajas previsionales que mantenían depósitos en el banco intervenido. Las cifras corresponden a los montos reclamados por las organizaciones gremiales y no implican que se haya determinado una pérdida definitiva de la totalidad de esos fondos.

La jornada de protesta incluye concentraciones en la capital y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país. En Asunción, los manifestantes convocaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso Nacional, con el propósito de reclamar explicaciones sobre el destino de los recursos previsionales.

La medida cuenta con la participación de la Federación de Educadores del Paraguay, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), entre otras organizaciones.

Algunos sectores anunciaron que mantendrán el cese de actividades hasta obtener respuestas concretas del Poder Ejecutivo. Los docentes también solicitan que se investiguen las decisiones administrativas y financieras que permitieron depositar recursos públicos en la entidad bancaria.

La movilización no se limita a la situación de los fondos jubilatorios. Los gremios incorporaron a sus reclamos un reajuste salarial del 8% y mayores partidas presupuestarias para el sistema educativo durante 2027.

En septiembre, la administración del entonces presidente Santiago Peña había alcanzado un acuerdo con un sector de los docentes que contemplaba una recomposición salarial del 5%.

Ese entendimiento permitió levantar una huelga que se había extendido durante dos días.

Sin embargo, la nueva crisis financiera volvió a movilizar a los trabajadores, que ahora reclaman garantías sobre sus aportes previsionales y mejoras en las condiciones presupuestarias de la educación pública.

La situación se agravó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank, después de detectar que sus indicadores de solvencia habían descendido por debajo de los niveles mínimos exigidos.

La entidad contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes y administraba importantes depósitos de organismos públicos.

La intervención bancaria provocó preocupación entre ahorristas, trabajadores y beneficiarios de sistemas previsionales que mantenían recursos vinculados con la institución.

El conflicto financiero también derivó en cuestionamientos políticos por los vínculos que se investigan entre el banco y el entorno del entonces presidente Santiago Peña.

En ese contexto, el Congreso paraguayo avanzó con un juicio político que concluyó con la destitución del mandatario el viernes 6 de noviembre.

Tras la salida de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay.

La movilización de este lunes constituye uno de los primeros desafíos sociales de su administración, en un escenario marcado por las exigencias de transparencia y recuperación de recursos públicos.

Los gremios docentes reclaman que el nuevo Gobierno establezca mecanismos concretos para proteger las jubilaciones y garantizar que los trabajadores no resulten perjudicados por la crisis bancaria.

En paralelo, la administración de Alliana comenzó a adoptar medidas relacionadas con otras situaciones de emergencia, entre ellas la asistencia a familias afectadas por inundaciones en el sur del país.

El paro docente también tuvo consecuencias sobre el funcionamiento de servicios vinculados con la educación.

El Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay informó la suspensión de la provisión de alimentación escolar del programa Hambre Cero durante este lunes en Asunción y en los departamentos Central y Presidente Hayes.

La decisión se adoptó ante la incertidumbre sobre el desarrollo de las clases y con el objetivo de evitar el desperdicio de alimentos preparados para establecimientos donde las actividades podrían quedar interrumpidas.

La suspensión corresponde a la jornada anunciada y a las zonas especificadas por el organismo.

La crisis de Ueno Bank abrió un debate sobre la seguridad de los recursos administrados por instituciones públicas y el alcance de las garantías existentes para los depósitos previsionales.

Las organizaciones sindicales reclaman conocer qué mecanismos se aplicarán para recuperar los fondos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones jubilatorias.

También exigen que se determinen las responsabilidades correspondientes por las operaciones financieras investigadas.

Mientras continúan las actuaciones sobre la entidad bancaria, los docentes mantienen sus reclamos y esperan respuestas del Gobierno de Pedro Alliana.

La evolución del conflicto será determinante para establecer si las organizaciones levantan las medidas de fuerza o continúan con las protestas en defensa de los recursos destinados a las jubilaciones y al sistema educativo paraguayo.