La ley contra las apuestas online está en riesgo y crece la presión para que el Senado la trate
El proyecto de ley que busca prevenir la ludopatía infantil y juvenil y regular las apuestas online enfrenta una carrera contra el tiempo en el Congreso. La iniciativa tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, pero todavía no fue debatida en el Senado y podría perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.
La demora reactivó los reclamos de organizaciones sociales, especialistas en salud y representantes de la Iglesia, que piden a los legisladores avanzar con el tratamiento antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.
El tema también volvió a instalarse en la agenda política. La senadora Lucía Corpacci consiguió que la Cámara alta aprobara una moción de preferencia para acelerar el debate. Sin embargo, esa decisión no garantiza que el proyecto llegue al recinto ni que consiga los votos necesarios para convertirse en ley.
Las diferencias que frenan el debate
Uno de los principales obstáculos es la existencia de dos propuestas con enfoques diferentes.
El proyecto aprobado por Diputados plantea una regulación amplia de las apuestas digitales. Entre sus puntos centrales incluye la prohibición de publicidad y patrocinios de plataformas de juego, restricciones a los medios de pago, controles de identidad y edad para impedir el acceso de menores y medidas de prevención y asistencia.
Por otro lado, el Gobierno nacional presentó en mayo de este año una iniciativa propia, centrada principalmente en ordenar el mercado de apuestas online, combatir las plataformas ilegales y establecer mecanismos de control sobre los operadores.
La diferencia entre ambos textos genera dificultades para alcanzar un acuerdo entre oficialismo y oposición. Mientras algunos sectores buscan avanzar con la media sanción de Diputados, desde el oficialismo plantean la necesidad de discutir una nueva propuesta.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, manifestó su intención de impulsar el debate y buscar alternativas para que el tema avance antes del vencimiento del plazo parlamentario.
La Iglesia y los especialistas reclaman una respuesta
La preocupación por el crecimiento de las apuestas entre adolescentes también llegó al Congreso a través de distintos pronunciamientos.
La Conferencia Episcopal Argentina y la Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamaron que el Senado no deje caer la iniciativa. El presidente de la entidad, monseñor Marcelo Colombo, pidió a los legisladores que actúen antes de que venza el plazo y advirtió sobre las consecuencias de la falta de regulación.
A ese reclamo se sumaron profesionales de la salud, investigadores y especialistas del ámbito académico, que alertaron sobre el impacto de las apuestas digitales en niños y adolescentes.
Los datos utilizados para fundamentar el pedido reflejan la dimensión del problema. Según el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó dinero por internet al menos una vez. Otro relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina indicó que seis de cada diez adolescentes están expuestos a plataformas de apuestas.
Qué puede pasar con el proyecto
El plazo es uno de los factores centrales de la discusión. Si el Senado no trata la iniciativa antes del 30 de noviembre, el proyecto podría perder estado parlamentario y dejar sin efecto el recorrido que comenzó con su aprobación en Diputados hace casi dos años.
Entre las alternativas que se analizan está convocar a las comisiones correspondientes para avanzar con un dictamen o intentar llevar el proyecto directamente al recinto. Esta última opción requiere una mayoría especial de dos tercios de los senadores presentes.
También existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluya el tema en el temario de sesiones extraordinarias.
Por ahora, no hay una fecha confirmada para el tratamiento. Mientras tanto, los reclamos continúan y el debate sobre cómo regular las apuestas online vuelve a poner en discusión la protección de niños y adolescentes frente a una actividad que se expandió a través de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales.
