La Justicia brasileña rechazó una salida alternativa y Agostina Páez deberá esperar la resolución de su causa

La situación judicial de la abogada santiagueña Agostina Páez sumó un nuevo capítulo luego de que las autoridades brasileñas rechazaran el pedido de su defensa para resolver anticipadamente el expediente por injuria racial.

La joven, de 29 años, permanece en Argentina desde abril, pero continúa sometida al proceso judicial en Río de Janeiro. La propuesta había sido presentada por el abogado defensor Sebastián Robles, quien buscaba alcanzar un acuerdo de no persecución penal que permitiera dar por terminado el procedimiento sin llegar a una condena.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal brasileño consideró inadmisible la solicitud. Entre los fundamentos de la negativa se encuentra la gravedad de los hechos investigados y la legislación vigente en ese país, que establece condiciones restrictivas para este tipo de acuerdos cuando se trata de delitos de injuria racial.

Páez está acusada de haber realizado gestos racistas contra tres trabajadores de un establecimiento gastronómico del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. El episodio ocurrió durante una discusión en el local y quedó registrado en imágenes que posteriormente tuvieron una amplia difusión. La resolución también hizo referencia a la conducta que se le atribuye a la joven y a la calificación legal de los hechos. La Ley brasileña 14.532/2023 incorporó la injuria racial a la legislación contra el racismo y establece su carácter imprescriptible e inafianzable.

Tras conocerse la decisión, el abogado Sebastián Robles intentó relativizar el impacto del rechazo y aseguró que la situación procesal de su representada no sufrió modificaciones sustanciales. “Solo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva”, explicó el letrado.

 

La negativa implica que no podrá utilizarse el mecanismo propuesto para cerrar anticipadamente el expediente. La defensa, por su parte, continúa a la espera de una decisión definitiva de los tribunales brasileños. La abogada había permanecido más de dos meses en Brasil bajo medidas judiciales que incluyeron el uso de una tobillera electrónica y restricciones para abandonar el país.

 

En abril consiguió autorización para regresar a Argentina luego de pagar una caución de aproximadamente 18.500 dólares. Sin embargo, su regreso no significó el cierre de la investigación ni la finalización de sus obligaciones judiciales. Ahora, con el rechazo del acuerdo solicitado, deberá aguardar el pronunciamiento definitivo de la Justicia de Brasil sobre las acusaciones que enfrenta.

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