Fuerte pedido de condena en el caso Cebra Phone: solicitan 11 años de prisión para Braian Obregón

El fiscal federal Federico Carniel solicitó 11 años de prisión para el empresario Braian José Obregón, propietario del comercio Cebra Phone de Resistencia, por presunto encubrimiento de contrabando y lavado de activos. Para su pareja, Agostina Antonella Vargas Vispo, pidió tres años de prisión en suspenso. La acusación también reclamó el decomiso de bienes y activos vinculados con las maniobras investigadas.
El juicio por la causa Cebra Phone, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, ingresó en una instancia decisiva luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara su pedido de penas para los dos acusados.
Durante un alegato que se extendió por más de tres horas, Federico Carniel sostuvo que la investigación permitió reconstruir un circuito de comercialización de productos electrónicos extranjeros sin documentación aduanera y la posterior incorporación de las ganancias al patrimonio de los imputados. En su exposición, el fiscal atribuyó a Braian José Obregón los delitos de encubrimiento de contrabando y lavado de activos, ambos agravados por habitualidad y en concurso real. En tanto, consideró a Agostina Antonella Vargas Vispo coautora de lavado de activos agravado por habitualidad.
Para fundamentar la diferencia entre las penas solicitadas, Carniel sostuvo que Obregón habría tenido un papel central en la actividad comercial, con intervención directa en la adquisición de dispositivos, operaciones con criptomonedas y decisiones sobre inversiones. Respecto de Vargas Vispo, el representante fiscal consideró que su participación habría sido de menor alcance, aunque también solicitó una condena.
Uno de los principales puntos del alegato estuvo relacionado con la documentación comercial secuestrada durante los procedimientos realizados en agosto de 2025. Según expuso la Fiscalía, se encontraron 6.529 comprobantes manuales correspondientes a operaciones de venta que no habrían sido registradas mediante los mecanismos habituales de facturación electrónica. El monto consignado en esa documentación alcanzaría aproximadamente los $4.995 millones.
Además, se mencionaron registros de operaciones vinculadas con criptomonedas y un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estimó en más de $1.187 millones el IVA presuntamente omitido. La acusación también señaló que durante los allanamientos se incautaron productos electrónicos cuyo valor de mercado fue calculado en $209.493.079,81. Según la hipótesis fiscal, la mercadería no contaba con el respaldo aduanero correspondiente.
Además de las penas de prisión, Carniel solicitó el decomiso de los bienes que considera relacionados con las ganancias de las actividades investigadas. El pedido incluye propiedades, vehículos, dinero en efectivo y otros activos cuyo valor conjunto supera los $382 millones, de acuerdo con el relevamiento presentado durante la audiencia. Entre los elementos mencionados figuran un inmueble ubicado sobre calle Cangallo, un galpón en Falucho al 1020, una lancha y vehículos de alta gama.
También reclamó recuperar 35.924,23 USDT que permanecen congelados en la plataforma Binance y transferirlos a cuentas del Estado en el Banco Nación. A esto se sumó el pedido de multas equivalentes a tres veces el valor de los activos que habrían sido objeto del lavado.
Tras finalizar la exposición de la Fiscalía, el proceso continuará el martes 24 de noviembre, a las 8.30, con los alegatos de los abogados defensores Ricardo Osuna y Gabriela Tomljenovich. Posteriormente, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal pase a deliberar.
Los pedidos formulados por el fiscal todavía no representan una condena. La decisión final quedará en manos del Tribunal Oral Federal, que deberá evaluar las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes.




