Ambientalistas temen que se frene la investigación contra la red de desmontes ilegales en el Chaco
Organizaciones ambientalistas y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) denuncian que una decisión judicial podría favorecer la impunidad de empresarios, funcionarios y operadores vinculados a la destrucción del monte nativo. La Cámara Federal de Resistencia debe definir si continúa el proceso.
La causa que investiga uno de los entramados más complejos y sensibles sobre desmontes ilegales en la provincia del Chaco atraviesa un momento crítico. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente”, una decisión que abre la posibilidad de que el expediente se divida y sea enviado a juzgados provinciales, donde —según denuncian desde organizaciones sociales y ambientales— existe mayor vulnerabilidad frente a presiones políticas y económicas.
La investigación, iniciada a partir de múltiples denuncias, apunta contra una presunta red integrada por empresarios, exfuncionarios públicos, operadores judiciales y técnicos involucrados en desmontes realizados en zonas protegidas por la Ley de Bosques. Desde sectores ambientalistas la llaman la “Mafia del Desmonte”.
“La decisión de Niremperger desconoce pruebas clave y pone en riesgo la integridad de la causa. Si se fragmenta, se pierde la posibilidad de investigar la estructura completa del delito”, señalaron desde una de las organizaciones querellantes.
Para las comunidades indígenas y campesinas del interior chaqueño, este proceso judicial representa una oportunidad histórica para frenar el avance del desmonte y proteger territorios ancestrales. “Nos están expulsando para sembrar soja o criar ganado. Y cuando denunciamos, se burlan o archivan las causas. Esta vez no queremos que pase lo mismo”, dijo un referente comunitario del oeste provincial.
La expectativa está puesta ahora en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que deberá decidir si mantiene la causa en el fuero federal o habilita su traspaso a la justicia ordinaria.
Mientras tanto, organizaciones sociales de todo el país se sumaron a una campaña pública para exigir que se mantenga la investigación federal, se sancione a los responsables y se ordene la reparación de los daños ambientales.
