Ampliaron la denuncia contra la concejal Miriam Jara por cobro injusto y violento
El 12 de noviembre del año pasado Natalia, hermana de Miriam Jara, presidenta del Bloque de la UCR del Concejo Municipal la denunció por haberla cacheteado y amenazado en su oficina, previo a la sesión del órgano local.
Natalia era secretaria de la concejal, quien denunció que le dio cachetadas, gritos y hasta amenazas hacia ella y su marido en relación al contrato de trabajo que tenían con ella.
Ahora fue por más, porque acusó a su hermana de violencia física, exacciones ilegales, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La denunciante es Natalia Jara, víctima y hermana de la Concejal, quien amplió su denuncia ante Fiscalía. Aclara que la agresión sufrida el 12/11/24 ocurrió tras negarse a entregar la mitad de su sueldo a la Concejal. La causa está radicada en Fiscalía y el Juzgado de Familia, pero sin resolución judicial ni medidas de protección.
A casi un año de haberse radicado la denuncia original por violencia física contra la Concejal municipal Miriam Jara, el caso vuelve a tomar relevancia luego de que la víctima, su hermana Natalia Jara, presentará una ampliación de denuncia ante la Fiscalía, incorporando nuevos hechos y agravantes.
Según el testimonio ampliado en fecha 20/05/25, la víctima sufrió agresiones físicas el 12/11/24 luego de negarse a seguir entregando la mitad de su salario mensual a la funcionaria denunciada. Esta situación —sostenida en el tiempo y presuntamente facilitada por la relación jerárquica y familiar— derivó en nuevas imputaciones por exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Se denunció que la Concejal mantiene un sistema de aportes extorsivos por el cual todos los contratados o personal de gabinete a su cargo (los que en su mayoría son familiares de Miriam Jara) deben entregar la mitad del sueldo a la funcionaria, quien también retiene de ellos documental personal en carpetas. Todo bajo el presunto argumento que así funciona la administración.
La causa de la denunciante Natalia Jara se encuentra actualmente radicada en la Fiscalía local y el Juzgado de Familia, aunque según aseguran las abogadas de su parte: la dra. Marcela Alejandra Escobar y la dra. Nidia Elena Acosta, el proceso judicial no ha avanzado de manera efectiva, como esperaban. Hasta la fecha no se han dispuesto medidas de protección perimetral, ni se ha investigado las irregularidades denunciadas, tanto en el ámbito penal como Municipal.
En paralelo, la víctima solicitó formalmente su traslado laboral dentro del Municipio para evitar contacto con la Concejal denunciada, directamente con el intendente Roy Nikisch, medida que aún no ha sido resuelta, ni se ha concedido la audiencia peticionada.
A la grave situación se suma que el médico tratante de Natalia, ha anticipado que la denunciante se encuentra próxima a recibir el alta médica, lo que podría obligarla a regresar a su puesto de trabajo original sin garantías de seguridad ni contención institucional.
La falta de respuesta por parte de las autoridades judiciales y municipales ha generado preocupación, ya que la denunciante permanece sin protección legal efectiva y expuesta a una posible revictimización, tanto por la cercanía física con la agresora como por la impunidad frente a los hechos de corrupción expuestos.
Ningún organismo requerido se ha pronunciado sobre este caso, aunque las abogadas de la víctima reclaman la urgente intervención de la Justicia y del municipio para evitar que la falta de medidas institucionales derive en consecuencias más graves.
Desde el entorno de la denunciante se insiste en la urgencia de que la Justicia actúe con celeridad para garantizar su seguridad personal y laboral, y que el municipio cumpla con su deber de preservar condiciones laborales libres de violencia y abuso de poder, frente a denuncias por violencia y corrupción, especialmente cuando los presuntos autores son funcionarios públicos en ejercicio.
