Caso Cecilia: Fiscalía y querellas rechazaron el pedido de nulidad y defendieron la tarea del jurado

Tras los planteos de las defensas de la familia Sena y sus colaboradores para anular el veredicto del jurado popular, la Fiscalía Especial respondió con dureza en la audiencia de cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y negó que hayan existido irregularidades en la deliberación.

El fiscal Martín Bogado fue el primero en contestar los argumentos defensivos y calificó de “peligrosas” varias de las afirmaciones realizadas por los abogados de los imputados. Remarcó que muchas de las acusaciones constituyen “denuncias gravísimas” y puso el foco en cómo las defensas dicen conocer detalles sobre la ubicación y el movimiento del jurado durante el momento de deliberar.

“No sé cómo saben dónde estaban alojados los jurados. Esta manifestación es extremadamente grave”, advirtió.

Bogado señaló que todos los hechos mencionados por las defensas –como supuestas presiones o situaciones de hostilidad– ocurrieron fuera del edificio judicial y subrayó que nada de lo expuesto prueba irregularidades en el proceso interno del jurado.

“Subestiman, como siempre, la labor del jurado. Hablan de presión, pero el jurado hizo una diferenciación clara y actuó con responsabilidad”, sostuvo.

El fiscal también remarcó que los defensores no acompañaron pruebas concretas que respalden sus denuncias, y que sus planteos se sostienen únicamente en conjeturas:

“Si lo único que les queda es especular porque no tienen pruebas, entonces no queda otra cosa”, afirmó, dejando en claro su rechazo total al intento de anular el veredicto.

Después de la exposición del Ministerio Público Fiscal, intervinieron las querellas. Tomaron la palabra Gustavo Briend, en representación de la familia de Cecilia, y Juan Ignacio Díaz, por el Estado. Ambos se adhirieron al rechazo del planteo de nulidad formulado por las defensas.

Briend recordó que la propia defensa –en particular la abogada Mongelo– reconoció que la instancia actual es una audiencia de cesura, etapa destinada a discutir las penas, por lo que no sería el momento procesal adecuado para introducir pedidos de nulidad del veredicto.

Además, cuestionó que los argumentos sobre presión pública, contaminación externa o supuestas violaciones al artículo 18 de la Constitución Nacional no se plantearon oportunamente durante el debate oral y carecen de la identificación precisa de un acto puntual viciado o de un perjuicio real.

El querellante también recordó que, en las audiencias preliminares, ya se había discutido el pedido de las defensas para trasladar el juicio a otra jurisdicción, y que el tribunal resolvió mantener el proceso en la circunscripción local tras evaluar que podía desarrollarse sin afectaciones a las garantías de los imputados.

Briend sostuvo que lo que expresaron las defensas es, en el fondo, una disconformidad con un veredicto adverso, y no una causal legítima para invalidar la decisión del jurado. Defendió que el juicio se llevó adelante “con forma de derecho”, conforme a la ley provincial de juicio por jurados y respetando las garantías constitucionales.

También rechazó las insinuaciones sobre un supuesto sesgo social contra los acusados, a las que calificó como intentos de “mezclar las cosas” para generar discusiones estériles.
Por todo ello, pidió que el planteo sea rechazado in limine y que el tribunal avance con la etapa de cesura, en la que deberán definirse las penas para los Sena y sus colaboradores ya declarados culpables.