Chaco pide que el dinero recuperado de la corrupción vial se use para pavimentar rutas nacionales en la provincia
Diputados provinciales solicitaron al Ejecutivo Nacional que los más de $84 mil millones decomisados en la causa “Vialidad” se destinen a obras estructurales en territorio chaqueño, como forma de reparación por el perjuicio causado al Estado.
En una propuesta que busca convertir la reparación económica por corrupción en infraestructura tangible, diputados chaqueños elevaron un pedido formal al Poder Ejecutivo Nacional para que los fondos recuperados en la causa “Vialidad” sean destinados a la pavimentación y mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan la provincia.
Se trata de más de 84 mil millones de pesos que fueron decomisados por orden judicial y que deberán ser restituidos al Estado Nacional como reparación por el delito de administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública. La cifra fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de este año, tras el rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema.
La causa, ampliamente conocida por la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, investigó un esquema de direccionamiento de obras viales en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas entre 2007 y 2015.
En este contexto, los diputados provinciales Iván Gyoker y Francisco Romero Castelan propusieron que parte de esos recursos decomisados se orienten a obras que beneficien a comunidades históricamente postergadas como las del Chaco. Según señalaron, «es razonable y equitativo que el destino de su reintegro tenga como objetivo obras estructurales que impacten directamente en la vida de miles de chaqueños».
Los legisladores argumentan que las rutas nacionales en Chaco son “corredores fundamentales para el desarrollo productivo, social y sanitario” y que su mejoramiento no solo impulsaría la conectividad regional, sino que también garantizaría el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.
La solicitud fue remitida al Poder Ejecutivo Nacional, así como a los ministerios de Economía y Obras Públicas, en el marco del principio de reparación integral del daño al Estado. Según ese criterio, la restitución económica derivada de delitos de corrupción debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía.
“Es legítimo y necesario que una parte sustancial de esos recursos regrese a las jurisdicciones más afectadas por los efectos de la corrupción sistémica”, afirmaron los diputados. La propuesta está ahora en manos del Gobierno nacional, que deberá decidir si da curso a una iniciativa que, más allá del gesto político, busca transformar una de las mayores causas judiciales por corrupción en un capítulo de reparación y desarrollo para el interior del país.
