Concejales de la oposición le solicitaron al Intendente Roy Nikisch un informe sobre la situación actual del servicio de recolección de residuos

Ante el conflicto entre el Ejecutivo Municipal con 70 trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, nucleados en el Convenio de Trabajo del Sindicato de Camioneros, y por la importancia y emergencia que requiere este tema principal, las y los concejales del Frente Chaqueño Lucila Masin y Fabricio Bolatti, y del CER, Soledad Villagra, Angel Sanchez y Guillermo Monzón, coincidieron en la necesidad de abordar el tema, para lo que se requiere sumar toda la información correspondiente, la que fue solicitada al intendente a través de un Pedido de Informe con carácter de urgente.

Las dudas de las y los concejales de la oposición se fundan en las contradicciones dadas por las declaraciones de funcionarios municipales sobre la situación formal de la contratación del servicio de recolección informada meses atrás por ellos mismos, donde dieron a conocer fechas y condiciones en que la empresa Santa Elena, dueña de los camiones compactadores, iba a prestar el servicio en lo que resta del año, lo que habría sido informado al Sindicato de Camioneros que venía siguiendo el tema, ya que 70 trabajadoras y trabajadores relacionados directamente, son parte de la entidad gremial.

La incertidumbre se multiplicó con las últimas decisiones y declaraciones del oficialismo municipal, tanto públicamente como en reuniones de partes, que generaron inconvenientes en la prestación del servicio en primer lugar, agravado por la decisión del gobierno de Nikisch de utilizar camiones en mal estado y con personal irregular como reemplazo, justificado en un supuesto conflicto de la empresa con las y los trabajadores. Sin embargo, según denuncias públicas y privadas que tomaron estado formal en el Parlamento local, estas medidas de fuerza del personal no habrían existido, sino que el conflicto se habría dado cuando el Municipio decidió de manera abrupta y sin negociación previa, anunciar la
finalización del vínculo, poniendo en peligro el servicio de recolección de RSU y la fuente
de ingresos de las y los trabajadores recolectores.

Por lo expresado, los dos bloques opositores en el Concejo Municipal elevaron pedido de informe a fin de conocer la documental y las decisiones tomadas por el Ejecutivo, ante un inminente cese definitivo en los servicios por parte de la empresa, dado el abandono que esta situación podría significar para quienes en forma presencial garantizan la real prestación contratada; y respecto del personal sobre la cual el Municipio podría tener responsabilidad y obligaciones que surgirían del propio contrato firmado oportunamente.

“El intendente tiene la obligación de informar sobre el manejo de los recursos públicos y los actos de gobierno, no obstante, la gestión se lleva adelante dentro de un gran hermetismo, lo que está fuera de sus derechos”, expresaron las y los concejales tras solicitar el pedido de informe.