Corrientes: Pablo Molina fue condenado a cuatro años de prisión por ordenar escuchas a su esposa y su supuesto amante

El chaqueño Pablo Carlos Molina hijo de quien fuera ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco Eduardo «Nene» Molina fue sentenciado por abuso de autoridad, en un caso histórico para la provincia de Corrientes que expone el uso indebido de herramientas de la justicia para fines personales.

El exsecretario penal del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Pablo Molina, fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad: cuando se desempeñaba como secretario de dicho juzgado, en el contexto de una investigación por narcotráfico, el funcionario ordenó intervenir líneas telefónicas y finalmente se determinó que lo que buscaba era espiar a su esposa y a un presunto amante.

El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, que además inhabilitó a Molina a ejercer cargos públicos por un lapso de ocho años.

“Este es un caso más de este funcionario, que está vinculado también a recibir coimas de los narcotraficantes para liberarlos”, indicó el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, en comunicación con Todo Noticias.

Y definió: “Obviamente, este es un caso inédito porque lo que hizo esta persona fue agregar dos teléfonos más a una investigación de narcotraficantes, pero que era para escuchar a su mujer y a otra persona. Es un caso histórico para nosotros”.

Previamente, Schaefer, junto al fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que Pablo Carlos Molina sea condenado a cinco años de prisión.

Los fiscales también habían pedido la inhabilitación absoluta y especial por el doble del tiempo de la pena. El proceso judicial había comenzado el 13 de junio. El tribunal a cargo del caso estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino. En tanto, la defensa de Molina, durante su alegato presentado en la última audiencia, había solicitado su absolución.

El exsecretario judicial Pablo Carlos Molina (el primero de la izquierda) junto a sus abogados defensores en la audiencia de debate

Los hechos bajo investigación

Molina fue acusado por haber confeccionado y suscripto el 11 de septiembre de 2014, en su carácter de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, un oficio judicial, firmado también por el entonces juez federal Soto Dávila, mediante el cual se le hizo saber falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -por entonces a cargos de las escuchas-, que se había dispuesto la intervención telefónica por el término de 30 días corridos de dos abonados, que presuntamente estaban vinculados a una investigación por narcotráfico en curso.

Sin embargo, los representantes del MPF explicaron que luego se determinó que esas líneas eran las utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con el que el acusado sospechaba que tenía una relación.

Según expuso la fiscalía, el hecho se descubrió en marzo de 2019 cuando personal judicial que realizaba un relevamiento de efectos encontró 28 discos compactos con el producido de estas comunicaciones interceptadas de manera ilegal entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. En gran parte de ellas, aparece el propio acusado hablando con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas, respecto de las cuales el tribunal correntino se declaró incompetente y las remitió a la justicia local de Chaco, donde viven la damnificada y Molina, para su investigación y su posterior juzgamiento.

“Él lo que le pedía al personal de Gendarmería es que se hagan las escuchas y que se las traigan personalmente a él. Cuando fue desplazado, se encontraron estos CD en su despacho y ahí empezaron a hacer las escuchas; y se escuchó lo que decía su mujer, pero también lo más anecdótico es que hablaba él en algunas de esas escuchas”, relató el fiscal general correntino.

El fiscal general Carlos Schaefer solicitó una pena de 5 años de prisión para el acusado. Foto: Fiscalía General ante los TOCF de Corrientes.

En ese entonces, Molina estaba apartado de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a raíz de la imputación que le había sido cursada por hechos de corrupción en el marco de otra causa de 2016, en la que él, el exjuez Soto Dávila y otros acusados fueron procesados en abril pasado por el Juzgado Federal de Formosa N°2. Se los acusa de haber restituido una serie de vehículos que habían sido secuestrados en el marco de una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En tanto, Soto Dávila ya había renunciado a su cargo como juez federal luego de ser procesado, también junto a Molina, su otro secretario penal Alberto Federico Grau y un grupo de abogados de la matrícula, por conformar una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, a su cargo.

En esa causa de 2018, que fue instruida por el Juzgado Federal N°12 de la Capital Federal al iniciarse como un desprendimiento del caso conocido como “Sapucai”, Molina y Soto Dávila fueron condenados en junio de 2023 por recibir coimas a cambio de resoluciones judiciales que beneficiaban a narcotraficantes.

En ese juicio, el exjuez recibió una condena a 6 años de prisión y el exsecretario Molina a 5 años, pero en diciembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó las condenas para ellos y otros condenados, al considerarlos jefe y miembros de una asociación ilícita.

Sobre los hechos allí probados, un dato clave destacado por la fiscalía en el reciente alegato fue que Molina firmó el oficio de las intervenciones ilegales -el 11 de septiembre de 2014- el mismo día que también suscribió, con Soto Dávila, una resolución prevaricante que le otorgó la exención de prisión a un conocido narcotraficante, Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, líder de la organización que operó por años en Itatí y traficó grandes cantidad de marihuana a varios lugares del país, a cambio de lo cual aquellos recibieron un millón de pesos en concepto de dádiva.

Si bien en esta oportunidad Molina es el único que llegó a juicio oral, Soto Dávila también fue imputado en la causa. Su situación se encuentra en trámite de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara un recurso contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que confirmó el sobreseimiento que le fue dictado por la titular del Juzgado Federal de Formosa N°2, la jueza María Belén López Mace, que interviene en la causa.

En esa investigación, junto al exjuez Soto Dávila y otros funcionarios, Molina fue procesado en abril de ese año por el Juzgado Federal N°2 de Formosa. Se los acusó de entregar vehículos que estaban secuestrados en el marco de una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En junio de 2023, tanto Molina como Soto Dávila fueron condenados por aceptar sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables para personas vinculadas con el narcotráfico. Soto Dávila recibió una condena de seis años de prisión, mientras que Molina fue sentenciado a cinco años. En diciembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó las penas al considerarlos jefe y miembros de una asociación ilícita dedicada a la protección de narcotraficantes.

Sin embargo, no es el único caso que Molina deberá enfrentar en un futuro próximo. En este punto, Schaefer confirmó: “Ahora viene una nueva causa donde se quedaron con autos de lavado de dinero, prácticamente se lo entregaban a ellos mismos. Y cuando esto se confirme, pedimos que se ejecute la pena”.

Claves del alegato fiscal

Durante los alegatos expuestos el 2 de julio, los fiscales destacaron que el oficio con el que se justificó la intervención ilegal de las líneas fue firmado el mismo día en que se confeccionó una resolución judicial que benefició a Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”. Este referente narco de la localidad de Itatí fue excarcelado mediante el pago de un soborno de un millón de pesos, según la acusación fiscal. Tanto Molina como Soto Dávila integraron ese circuito de favores judiciales, según los datos expuestos ante el tribunal.

En el actual juicio, Molina fue el único acusado que llegó a la instancia de debate oral, aunque Soto Dávila también está imputado en el expediente. La situación procesal del exjuez se encuentra en revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que había confirmado el sobreseimiento dictado por la jueza María Belén López Mace, titular del Juzgado Federal N°2 de Formosa.

Fuente: Infobae y Fiscales.gob.ar (Fotografía: fiscales.gob.ar).