El Consejo Profesional de Abogacía rechaza el proyecto de ley de divorcio en sede administrativa
El Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia manifiesta su categórico rechazo al proyecto de ley NO-2024-111331687-APN-SRPEI#JGM remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional, por el cual pretende implementar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa, incorporándola a las actuales causales de disolución establecidas en el artículo 435 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Nos oponemos a toda forma de precarización en la protección de los derechos fundamentales mediante la reducción de las garantías fundamentales del debido proceso. El divorcio implica la disolución de un vínculo familiar y patrimonial que tiene trascendentes efectos para los cónyuges, sus hijos y terceros, por lo que exige siempre la intervención de los profesionales del derecho para asistirlos y de los órganos del Poder Judicial para asegurar imparcialidad en su consideración y decisión.
No se trata solo de defender el trabajo profesional para el que nos hemos formado universitariamente y capacitado laboralmente, sino principalmente de resguardar los derechos de las personas que pueden verse afectadas por la supresión de las instancias judiciales donde se garantiza la seguridad, certeza e imparcialidad de las modificaciones de sus estados personales o patrimoniales en el ámbito jurídico.
Por nuestra parte no advertimos ninguna mejora en el sistema de derechos hoy vigente con la introducción de estos retrocesos en materia de estado civil.
Son, además, falaces las razones que se invocan para justificarlo, puesto que no será nunca más barato ni mejor por simple la sujeción a un procedimiento que no tiene las exigentes garantías del debido proceso ni cuenta con los profesionales y los funcionarios formados obligatoriamente en Derecho para resguardarlos. Cara será siempre la desprotección para quienes podrían verse expuestos a abusos sin posibilidad de control judicial oportuno.
De la misma manera es falaz que se amplíen libertades cuando lo que se ofrece es perder instancias institucionales de adecuada protección para esas libertades.
El proyecto que criticamos ignora que el proceso judicial es imprescindible cuando se intenta asegurar con adecuada eficacia los derechos de las personas.
Por todo ello instamos a los/as legisladores/as de la Provincia del Chaco a oponerse sin dudar a estas reformas regresivas.
