El Gobierno Nacional denunciará a la jueza Karina Andrade
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará hoy una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del último miércoles y que decidió liberar a todas las personas horas después, durante la madrugada del jueves pasado.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Eso, al menos, es lo que entiende el Gobierno que hizo la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno considera que Andrade actuó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley cuando decidió mandar a sus casas a los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso.
“No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió. Sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, explicaron. El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.
Para el Gobierno nacional, lo que tenía que hacer Andrade es valorar cuando hay un detenido por el delito de flagrancia si, para liberarlo, existe peligro de fuga o peligro de que se obstaculice la investigación.
“Es a la luz de estos dos peligros, no que efectivamente puede haberse fugado o tiene que haber amenazado testigo robarse pruebas, sino que exista la posibilidad cierta de que se fugue o se obstaculice el proceso. Y la reiterancia es el peligro de tener detenciones anteriores y causas en trámite que indiquen que el acusado posiblemente eluda la acción de la Justicia”, argumentó una fuente cercana a Bullrich.
No lo dirán públicamente, pero en el entorno de la ministra creen lo de la jueza “no fue ingenuo” y que lo hizo para “anular el procedimiento policial”.
La magistrada, en su fallo, detalló que las fuerzas de seguridad omitieron información trascendental para considerar si una persona puede o no permanecer privada de su libertad: “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.
