Elevan a juicio la megacausa IAFEP: acusan a exfuncionarios de Capitanich por corrupción y desvío millonario de fondos públicos
La Justicia chaqueña avanzó en una de las causas de corrupción más resonantes de la gestión anterior. Exfuncionarios del IAFEP enfrentan cargos por administración fraudulenta y malversación de fondos, mientras otra causa federal los investiga por lavado de dinero.
La fiscal de Coordinación Graciela Griffith Barreto solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo creado para canalizar políticas sociales a través de cooperativas durante la última gestión de Jorge Capitanich. La presentación apunta a que el expediente avance a juicio oral y público, con dos exfuncionarios detenidos como principales acusados.
Se trata de Mauro Andión, expresidente del IAFEP, y María Laura Moreno, quien lo sucedió en el cargo. Ambos están imputados por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. La causa se inició a fines de 2023 tras la intervención del organismo y una denuncia de su interventora, Clelia Ávila. Desde entonces, la Justicia reunió documentos, testimonios y dispositivos electrónicos que revelarían un esquema de desvío millonario de fondos estatales hacia cooperativas y fundaciones sin actividad real.
En paralelo, existe una causa federal por lavado de dinero que amplía el alcance de la investigación. Según el fiscal federal Patricio Sabadini, más de $815 millones fueron girados a organizaciones fantasma, entre ellas Abriendo Puertas ($197 millones), Brilla Mujer ($147 millones) y Solidaridad es una Elección de Vida ($125 millones). Estas maniobras habrían sido parte de una asociación ilícita que usaba facturación apócrifa para simular servicios, generar crédito fiscal ficticio y lavar dinero. Por esta causa, ya están procesados y con prisión preventiva Walter Pasko y Fernando Ayala, sindicados como jefes de la organización.
El defensor de Mauro Andión, Marco Molero, confirmó que no apelará el pedido de juicio para su defendido con el objetivo de agilizar el proceso, aunque cuestionó con dureza el enfoque de la investigación. “La prueba es bastante débil. Las obras que dicen que no existen, sí se hicieron. Se trata de irregularidades administrativas, no de delitos”, afirmó.
También apuntó contra la cobertura mediática del caso: “Se habló de una mega causa de miles de millones, pero terminó siendo una causa mínima. Lo que se quiso mostrar como escandaloso, hoy es una causa menor”.
Sobre los cuestionamientos a los pagos, Molero explicó: “Se objetan diferencias entre los porcentajes de avance de obra y lo que se pagó. Pero Andión no auditaba personalmente; firmaba según los informes técnicos. No se llevó el presupuesto del IAFEP: se pagaban salarios y se ejecutaban obras. Hoy se discuten casos puntuales, no la gestión en su totalidad”.
Desde el Gobierno provincial, la actual interventora Clelia Ávila advirtió sobre indicios de una “matriz de corrupción sistémica” y reveló que en una tablet oficial encontraron nombres, fechas y montos que podrían vincularse con otras causas penales. El asesor jurídico del organismo, Godofredo Pérez Dudiuk, afirmó que esa información “podría coincidir con personas ya detenidas”.
Ahora, la continuidad del proceso dependerá de la postura que adopten los defensores del resto de los imputados. Tienen tres días hábiles para apelar. Si no lo hacen, el juicio podría iniciarse en los próximos meses. De lo contrario, habrá demoras.
Todo indica que el juicio por la megacausa del IAFEP será uno de los más importantes del año en la provincia del Chaco, con múltiples ramificaciones políticas, administrativas y penales.
Con información de Perfil
