Emergencia en Discapacidad: trabajadores y familias exigen que el Senado apruebe la ley sin vetos

Mientras se espera el tratamiento en la Cámara Alta, psicopedagogas, docentes y familiares se movilizaron para visibilizar el deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad. Denuncian precarización, pagos atrasados y abandono del Estado.
Este jueves se replicaron en distintos puntos del país movilizaciones del colectivo de la discapacidad, que exige la aprobación sin modificaciones ni vetos de la ley de Emergencia en Discapacidad, ya aprobada en Diputados el pasado 4 de junio. El reclamo, urgente y masivo, reúne a trabajadores, prestadores, familias y personas con discapacidad, que denuncian una situación crítica e insostenible.
“Esperamos que hoy el Senado la apruebe con mayoría y que no la veten, porque esta ley es vital para sostener el trabajo en el área y garantizar que las personas con discapacidad accedan a sus derechos”, expresó una psicopedagoga que participó de la movilización. La especialista, con más de 40 años de trayectoria en el campo, remarcó que el panorama actual es “inédito y desesperante”.
“Hay compañeras a las que recién les avisaron que marzo lo van a cobrar en agosto. Y así es imposible sostener esta actividad. Muchos se ven forzados a dejar el sistema y cobrar de manera particular, pero las familias no pueden costear eso”
Uno de los puntos más críticos tiene que ver con los pagos: “Hay compañeras a las que recién les avisaron que marzo lo van a cobrar en agosto. Y así es imposible sostener esta actividad. Muchos se ven forzados a dejar el sistema y cobrar de manera particular, pero las familias no pueden costear eso”, advirtió Verónica Ruíz Díaz.
Las consecuencias son concretas: niños, jóvenes y adultos con discapacidad quedan sin tratamiento ni acompañamiento. “Es una muerte lenta. Quedan en sus casas, sin estimulación, sin educación, sin salud. Es criminal. Sin esta red, su calidad de vida se derrumba”, afirmó.
“Es una muerte lenta. Quedan en sus casas, sin estimulación, sin educación, sin salud. Es criminal. Sin esta red, su calidad de vida se derrumba”
El colectivo denuncia además la precarización laboral de quienes trabajan en el sector: burocracia en la autorización de expedientes, congelamiento del nomenclador, aumentos ínfimos y pagos que llegan con meses de atraso. “El año pasado nos dieron aumentos del 2 o 3% en todo el año. Hoy trabajamos por caridad, por vocación, porque no queremos abandonar a nuestros pacientes, pero el Estado nos está pagando una miseria”, sostuvo.
También hubo cuestionamientos directos al presidente Javier Milei y a sus decisiones de política fiscal. “No entendemos cómo el Gobierno es tan generoso para eliminar el impuesto a los bienes personales o bajar aranceles a autos de alta gama, pero no tiene esa misma sensibilidad para con las personas con discapacidad. Hay un doble discurso: se ajusta siempre hacia abajo, nunca hacia los sectores privilegiados”, remarcaron.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a los senadores y diputados, tanto nacionales como provinciales: “Necesitamos que se pongan los pantalones y miren esta problemática con sensibilidad. Esta ley es fundamental para garantizar servicios esenciales. Si se veta, se condena a miles de personas a vivir sin derechos”.
“Necesitamos que se pongan los pantalones y miren esta problemática con sensibilidad. Esta ley es fundamental para garantizar servicios esenciales. Si se veta, se condena a miles de personas a vivir sin derechos”
La movilización también sirvió para mostrar la dimensión comunitaria del trabajo en discapacidad. “Los papás, las escuelas, los docentes nos necesitan. No es caridad, es un derecho. Y si nos siguen pagando tarde, mal y poco, todo el sistema se cae. Esto no es ideología, es supervivencia”, cerró la trabajadora.