Grave denuncia por censura e intervenciones en institutos del Colegio de Abogados de Resistencia
Una fuerte controversia sacude al Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia tras la decisión de la actual Comisión Directiva de intervenir institutos internos, desplazar a sus autoridades y asumir el control de los canales oficiales de comunicación, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades electorales, censura y hostigamiento institucional.
La conducción del Colegio, que prorrogó su mandato por más de un año sin convocar a Asamblea, resolvió dejar sin efecto las funciones de directores de tres institutos claves: Derecho Penal, Derecho Público Provincial y Municipal, y Derecho de Daños. Los abogados afectados —Ignacio Sinkovich, Cecilia Rivero y Gustavo Ferreyra— habían cuestionado públicamente el proceso electoral y el funcionamiento democrático de la institución.
La medida se formalizó mediante la Resolución N.º 1/2026, emitida el 5 de enero, donde se argumenta una supuesta “ruptura del principio de confianza y lealtad institucional”. Entre los fundamentos, la Comisión Directiva citó expresiones vertidas por los letrados en grupos oficiales y no oficiales de WhatsApp, así como declaraciones a la prensa, consideradas agravantes y difamatorias.
Uno de los hechos que generó mayor alarma entre los matriculados fue la designación de una “interventora” para administrar los grupos oficiales de WhatsApp de los institutos, desplazando a las autoridades elegidas por los propios integrantes. Esta decisión ya se concretó en el Instituto de Derecho Público, donde se retiró la administración del grupo a la Dra. Rivero, y se extendió a los demás espacios.
En paralelo, se sumó la renuncia de la Dra. Celeste Segovia como Directora del Instituto de Niñez, Adolescencia y Familia, quien manifestó haberse sentido hostigada por la actual conducción, profundizando el clima de tensión interna.
Las resoluciones adoptadas contrastan con declaraciones previas del actual presidente del Colegio, José René Galassi, quien el 8 de diciembre había afirmado públicamente, en una entrevista con Diario Norte, que ya había sido reelecto presidente, pese a que la elección se realizó casi veinte días después.
Si bien la Comisión Directiva sostiene que tiene facultades estatutarias para designar y remover autoridades de los institutos, numerosos abogados interpretan estas decisiones como un avance sobre la autonomía, la pluralidad de ideas y la libertad de expresión dentro de la institución, generando una creciente preocupación por el deterioro del clima democrático y el descrédito público del Colegio.
