Intergremial Judicial planteó nulidad hacia lo decidido por jueces del Tribunal Ad Hoc del STJ
La presentación efectuada plantea la nulidad absoluta del dictado de nuevas sentencias en la cuestión que ya es cosa juzgada y continúan dictando sentencias complementarias sobre sentencias anteriores como en éste caso, máxime habiendo sido emitidas por un tribunal compuesto por dos fiscales de cámara y un juez civil y comercial, en ejercicio de sus funciones, quienes son potenciales beneficiarios del tratamiento llevado a cabo en la audiencia cuestionada, siendo juez y parte en la cuestión, instruyendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que deroguen leyes salariales, que se encuentran vigentes y benefician al conjunto del Poder Judicial, con la finalidad de elaborar un nuevo Proyecto de Ley que sólo beneficie a los propios jueces, generando un conflicto de derecho de tal relevancia que afecta directamente a los trabajadores vulnerando los derechos adquiridos.
Tanto La Ley 3424-A vigente y su modificatoria que ratifica la Ley de porcentualidad, 468- A, garantizan una distribución equitativa del salario de todo el sector, beneficiando a toda la estructura del Poder Judicial, inclusive a los accionantes de la causa judicial mencionada.
Dicha Ley fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo la reglamentó a través del Decreto 569/23, para lo cual creó la Comisión Técnica con participación de todos los sectores del Poder Judicial, todo ello fue consentido por los accionantes del amparo, sin embargo el tribunal ad hoc, a pedido de parte, excediendo sus facultades constitucionales y violando el principio de la cosa juzgada, dicta una y otra vez sentencias complementarias que no están previstas en los códigos civiles provinciales ni nacionales.
La intención de ésas “sentencias complementarias” viciadas de nulidad es derogar la ley vigente que beneficia a todos, y pretenden elaborar un nuevo proyecto de ley que solo beneficie a Jueces y Funcionarios.
Ante ello, la Intergremial Judicial ve con mucha preocupación la participación del Ministro de Hacienda y Finanzas, en la audiencia convocada por el tribunal ad hoc, la que pasó a un cuarto intermedio por treinta días, justamente para concluir un nuevo proyecto de ley, que no incluya a los trabajadores judiciales.
