Juicio a la familia López: casi un año después, comienzan las audiencias por millonario fraude al Estado
Ramón “Tito” López, su esposa e hijos enfrentarán la Justicia Federal por asociación ilícita, defraudación al Estado y presunto lavado de activos. La causa detalla un entramado de maniobras para blanquear fondos públicos mediante la compra de inmuebles, vehículos y ganado.
A casi un año de la detención de Ramón “Tito” López, la Justicia Federal de Resistencia inicia este martes las audiencias preliminares contra el dirigente piquetero, su esposa e hijos, todos investigados por una millonaria causa de asociación ilícita, defraudación al Estado y presunto lavado de activos.
La familia López se encuentra detenida en distintas unidades penitenciarias del país y ahora deberá justificar “el significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos” declarados ante las autoridades.
Según el requerimiento de elevación a juicio, emitido por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, la investigación detectó un complejo entramado de maniobras para apoderarse de fondos públicos. El esquema se dividió en dos etapas: una inicial de desvío de fondos estatales a fundaciones y empresas controladas por la familia, y una segunda para reintroducir ese dinero al mercado formal mediante la compra de inmuebles, vehículos y ganado.
El fiscal Patricio Sabadini señaló que la familia López habría puesto en circulación “fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública provincial, entre otras actividades ilícitas”. El expediente detalla que los implicados realizaron “ventas simuladas de miles de hectáreas de campo que constituían tierras fiscales” para generar un amplio margen de ganancia ilícita.
Para blanquear el dinero, la Fiscalía expone que la familia adquirió múltiples inmuebles urbanos y rurales, vehículos, maquinaria agrícola, ganado, divisas extranjeras y mejoras edilicias. Gran parte de los bienes registrables se inscribieron a nombre de los hijos, mientras que algunos inmuebles se compraron sin inscripción formal, presuntamente utilizando testaferros o sociedades intermediarias como pantalla.
Las audiencias comenzarán a las 10 de la mañana y la única miembro de la familia en libertad es la nuera, Débora Acosta, encargada del cuidado de su hija menor. El caso ha conmocionado a la provincia y busca determinar la responsabilidad de cada implicado en un esquema de corrupción que se extendió durante años.
