La Justicia revocó el amparo de la Fundación Valdocco y avaló las medidas del Ministerio de Educación
La Cámara de Apelaciones Multifueros resolvió revocar el amparo presentado por la Fundación Valdocco y confirmó la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco. De esta manera, el tribunal hizo lugar al recurso interpuesto por el Estado provincial a través de la Fiscalía de Estado.
Con esta decisión, la Cámara dejó sin efecto la sentencia dictada el 22 de diciembre por el Juzgado Civil y Comercial N.º 21 y rechazó la acción de amparo promovida por la fundación. El fallo, conocido este lunes, fue firmado por los jueces Sebastián Andrés Cóceres, Natalia María Luz Kuray y Diego Gabriel Derewicki.
En su resolución, el tribunal reconoció la plena validez de los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Educación dispuso la retención de fondos destinados a la Unidad Educativa de Gestión Privada (UEGP) N.º 144, perteneciente a la Fundación Valdocco, y posteriormente la clausura de la institución.
Los magistrados consideraron que la clausura estuvo debidamente fundada en los múltiples incumplimientos detectados durante el sumario administrativo. Entre las irregularidades mencionadas se encuentran la falta de documentación respaldatoria en las altas docentes, la imposibilidad de verificar el domicilio real de algunos educadores —algunos figuraban en plantas nominales de la provincia de Santa Cruz—, inconsistencias en los libros matriz y deficiencias pedagógicas. También se señaló la matrícula insuficiente en el Nivel Primario y la imposibilidad de constatar el funcionamiento del Nivel Superior, además del incumplimiento de la normativa provincial vigente.
El recurso judicial fue presentado por el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, y el procurador fiscal, Iván Umansky. En ese marco, la Cámara sostuvo que no se acreditaron elementos que permitan calificar la clausura como una sanción ilegal o arbitraria, sino como una consecuencia necesaria ante la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el funcionamiento de los servicios educativos.
Finalmente, el tribunal remarcó que la decisión estatal no vulnera el derecho a la educación, ya que se dispuso la reubicación de los estudiantes dentro del sistema educativo provincial, y encuadró la medida como un ejercicio regular del poder de policía educativo.
