La oposición prepara una sesión especial en Diputados para limitar los DNU y desplazar a Espert de Presupuesto
Tras la derrota del oficialismo en el Senado por los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario, la Cámara de Diputados se encamina a un nuevo capítulo de alta tensión política. Distintos bloques opositores –tanto del sector dialoguista como del más duro– solicitaron una sesión especial para el miércoles 8 de octubre a las 12 horas, con un temario que incluye la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto y la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Uno de los proyectos centrales busca modificar la ley 26.122, estableciendo que los DNU tendrán un plazo máximo de 90 días para ser ratificados por el Congreso. Si no hay tratamiento en ambas cámaras, los decretos perderán vigencia automáticamente. Con esta modificación, la oposición podría anular la mayoría de los decretos firmados por Javier Milei con el voto de una sola cámara.
El segundo punto de la sesión apunta a desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto, a quien acusan de mantener inactiva la comisión y de tener vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
Además, la agenda incluye la interpelación a Guillermo Francos, jefe de Gabinete y articulador político del Gobierno, quien deberá dar explicaciones por la ley de emergencia en discapacidad, sancionada pero no aplicada por falta de financiamiento. Si su exposición no resulta satisfactoria, la oposición evalúa avanzar con una moción de censura, herramienta prevista en la reforma constitucional de 1994 para remover al funcionario.
La convocatoria también contempla la discusión sobre el Presupuesto 2026, con el objetivo de evitar que el oficialismo prorrogue nuevamente el de 2023. Asimismo, se abordará la elección del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proyectos de alivio fiscal y financiero para PyMEs, la nulidad de la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre discapacidad, y la reasignación de recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos en beneficio de las provincias.
Entre los temas adicionales, figuran pedidos de informes al ministro de Economía, Luis Caputo, por posibles negociaciones internacionales, así como también la posibilidad de citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que expliquen presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
De avanzar con esta agenda, el oficialismo quedaría frente a un escenario complejo: no solo vería limitado el uso de DNU, una herramienta clave para un gobierno en minoría, sino que también sufriría un golpe político si prospera la moción de censura contra Francos, figura central en el vínculo con gobernadores y legisladores.
