Larrea advierte: «Las apps informales avanzan y el Estado abandona al transporte público”

Para Gustavo Larrea, empresario del transporte público de pasajeros en Chaco «el empleo formal está en peligro mientras el gobierno mira para otro lado y las apps avanzan sin control”. Advierte que por casi igual situación por la que están atravesando ERSA y CTM, también pasaría la empresa San Fernando.

El titular de la cámara que nuclea a las empresas de transporte de Chaco advirtió este jueves que la falta de respuestas del Estado agrava la crisis del sector. TCM y ERSA iniciaron procesos preventivos de crisis y hay más de 500 empleos en riesgo.

Gustavo Larrea, CETACH: “Las aplicaciones informales están golpeando fuerte al transporte público en el interior”

El presidente de la Cámara de Empresas de Transporte de Chaco (CETACH) y secretario de la FATAP, Gustavo Larrea, advirtió sobre la grave situación del sistema de transporte público en la provincia, afectado por el avance de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify y servicios de moto-uber. “Hoy cambió la modalidad del transporte, pero para mal”, sostuvo, y lamentó que no exista una regulación específica para este tipo de plataformas que operan en la informalidad.

“Estas aplicaciones se presentan como salidas laborales en contextos de crisis, a veces como única opción de ingreso y otras como complemento, pero lo cierto es que generan un impacto fuerte sobre un sistema regulado que hoy no da más”, explicó. Larrea advirtió que en el interior del país el efecto es aún más notorio debido a las tarifas altas y la caída en los ingresos de las empresas.

En ese marco, valoró que la Dirección Provincial de Trabajo haya comenzado a abordar técnicamente la presentación de crisis que realizaron empresas como TCM y que se espera también por parte de ERSA, con una reunión prevista para este jueves a las 8. “Por fin se trató esta cuestión seria y técnicamente como corresponde, de manera objetiva”, celebró.

Según el referente empresario, el costo salarial representa actualmente cerca del 90% de los ingresos del sistema, lo que vuelve inviable su sostenimiento. “En este estado de situación, no hay alternativa que buscar una merma en los costos salariales”, explicó. De hecho, confirmó que ya se avanzó con la UTA en un acuerdo para el pago escalonado del medio aguinaldo, comprendiendo las dificultades actuales.

Consultado sobre la posibilidad de que el Estado se haga cargo del servicio, Larrea consideró que “podría ser una solución”, aunque aclaró que “no fue planteada formalmente” y que eso debería ser definido por la autoridad de aplicación, ya que el transporte público “es un servicio cuya titularidad es del Estado”.

El empresario también hizo referencia a la situación de otras compañías, como San Fernando, que aún no presentaron su crisis formalmente pero enfrentan serias complicaciones. “Es una realidad que nos pega a todos. El sistema no puede seguir funcionando si no hay una discusión seria, objetiva y técnica sobre su sostenibilidad”, insistió.

Finalmente, reconoció que los principales perjudicados son los usuarios: “Ya hubo una merma en los servicios desde la nueva licitación. Cada colectivo que no sale, implica menos oferta para los pasajeros y menos trabajo para los choferes”.

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