Lujo, ocultamiento y cinismo: la camioneta que debía ir a El Impenetrable y terminó “desaparecida” en la gestión Capitanich; ahora se la usa para emergencias
Una camioneta RAM 2500 valuada en más de 100 mil dólares, enviada por el Ministerio de Salud de la Nación para emergencias en zonas rurales, fue utilizada como «vehículo de lujo» en la gestión provincial de Jorge Capitanich. La ministra de Salud de entonces, Carolina Centeno, la habría usado de manera discrecional, tras despojarla de todo ploteo oficial. Infoqom pudo saber que el caso fue denunciado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas(FIA) y el área de Patrimonio.
Durante años, el relato de la austeridad y el discurso de lo popular fueron bandera del kirchnerismo chaqueño. Sin embargo, los hechos –una vez más– terminan por desnudar contradicciones difíciles de justificar: mientras el Estado provincial clamaba falta de recursos para garantizar atención sanitaria en zonas alejadas, una camioneta de alta gama enviada por Nación con fines humanitarios circulaba sin identificación estatal, presuntamente al servicio personal de una alta funcionaria.
Este era el uso PARTICULAR de la RAM en la gestión Capitanich. Ninguna indicación de que era Propiedad del Estado.
La historia comienza con la llegada de una RAM 2500 4×4 desde el Ministerio de Salud de la Nación. Su destino debía ser claro: las rutas difíciles de El Impenetrable chaqueño y otras regiones donde el acceso a servicios de emergencia es limitado. Sin embargo, la unidad fue desafectada de su función original, despojada de su ploteo oficial y ocultada del circuito institucional.
Según pudo saber Infoqom, el vehículo fue utilizado por la ministra Carolina Centeno y su entorno, incluso luego del fin de la gestión. De la camioneta oficial se retiraron balizas, estribos, dos ruedas de auxilio, herramientas y toda identificación visible, en un intento evidente por borrar su condición de bien público.
Todo lo ocurrido fue denunciado formalmente ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Gustavo Leguizamón, y también ante el área de Patrimonio del Estado chaqueño. La gravedad de la acusación reside no sólo en el presunto uso indebido del vehículo, sino también en el desmantelamiento de equipamiento esencial para tareas de emergencia.
Recuperada y en funciones
Actualmente, la unidad fue recuperada por la nueva gestión (Leandro Zdero- Sergio Rodríguez) y se encuentra asignada a la base del UCEM (Unidad Central de Emergencias Médicas) ubicada en calle La Rioja y Remedios de Escalada, en Resistencia. Ahora sí, cumple su función original: asistir en situaciones de urgencia médica en todo el territorio chaqueño.
De hecho, decenas de chaqueños pudieron verla en acción recientemente durante la Cabalgata de la Fe, donde fue utilizada para brindar cobertura sanitaria a lo largo del trayecto. Esta exposición pública no solo evidenció su recuperación, sino también su reincorporación al sistema de emergencias que había sido abandonado.
El uso de hoy en Emergencias Médicas. La imagen corresponde a la última Cabalgata de la Fe. La RAM hoy está en calle La Rioja, sede de la UCEM, en Resistencia.
Hipocresía de Estado
El caso plantea preguntas incómodas para un sector político que durante años apuntó contra los privilegios, los lujos y la oligarquía. Sin embargo, a juzgar por los hechos, los mismos que señalaban con el dedo fueron beneficiarios del mismo sistema que decían combatir y estar al servicio del pueblo.
La RAM en cuestión –camioneta símbolo de poder económico– pasó a ser objeto de uso privilegiado en una administración que se decía “nacional y popular”. La estética militante no alcanzó a tapar el gusto por lo exclusivo: iPhones, camionetas, viajes, sueldos abultados y un desprecio sistemático por el control patrimonial de los bienes del Estado.
La utilización de un recurso de alto valor estratégico destinado a poblaciones vulnerables como si se tratara de una propiedad privada, sin rendición de cuentas ni control alguno, es un acto que bordea el delito penal y desnuda la impunidad con la que se movían algunos funcionarios.
Las denuncias ya están presentadas. Falta ahora que la Justicia y los organismos de control actúen, que no miren para otro lado, y que –por una vez– el doble estándar no tape la realidad. ¿Qué «castigo» corresponde para Centeno y el propio Capitanich?
