Mañana arranca el segundo juicio oral por corrupción contra Aida Ayala con Capitanich como uno de los testigos
La causa cuya juicio comenzará mañana es por la firma de un convenio con el municipio de Quitilipi, también en la provincia de Chaco, para la compra de herramientas y máquinas en el que se pagaron sobreprecios.
La ex intendenta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Resistencia, Aida Ayala, afrontará desde mañana su segundo juicio oral por corrupción. Ya tiene una condena de tres años de prisión por fraude a la administración pública por negociados con contratos de la basura en el municipio y ahora será juzgada por irregularidades cuando estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ayala será juzgada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia con la acusación del fiscal federal Federico Carniel. Está previsto que declaren cerca de 30 testigos y que a fin de mes se conozca el veredicto.
Entre los testigos que fueron aceptados para que declaren están el ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich -quien ayer perdió las elecciones legislativas en la provincia y quedó según detrás del oficialismo local- y el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien era ministro del Interior de la Nación cuando ocurrieron los hechos y que tenía bajo su órbita la Secretaría que ocupaba Ayala. Frigerio tendrá la opción de declarar por escrito porque así se lo permite la ley por su cargo de gobernador.
Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015). En 2015 fue la candidata de Cambiemos para la Gobernación, pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Macri como presidente, pasó al Gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Y en 2017 fue electa diputada nacional.
Como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el acuerdo intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios. Esto fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo el fiscal federal Patricio Sabadini, cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral. Balmaceda además es el yerno de Ayala.
“Se presentan una serie de circunstancias relevantes al efecto de sostener prudentemente que la ayuda económica brindada por la Secretaria de Asuntos Municipales podría obedecer a una maniobra defraudatoria, principalmente al confrontar todos estos elementos frente a un expediente administrativo que registra ciertas señales de alerta y, sobre todo, que ha homologado una rendición de cuentas obviando verificar si se han respetado en el ámbito local la normativa específica para contratar”, informaba la resolución en la que Ayala fue procesada.
Ayala tuvo una orden de detención que nunca se concretó por sus fueros como diputada nacional. La Justicia pidió su desafuero, pero los legisladores de la UCR y el PRO no dieron los votos para tratar el planteo y en mayo de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la orden de detención.
