Melisa Piceda, camino a juicio oral y su padre también por “extorsión”

La Fiscalía pide que sea juzgada por seis hechos de impedimento de contacto.

La Justicia chaqueña resolvió revocar la suspensión de juicio a prueba (probation) que había sido otorgada a Melisa Esperanza Piceda, al constatar que incumplió las condiciones impuestas. Ahora deberá enfrentar un juicio oral acusada de impedir el vínculo entre su hija menor de diez años y su padre, pese a múltiples órdenes judiciales.

Qué se le imputa

De acuerdo a la documentación judicial a la que accedió Infoqom, la Fiscalía encuadró la conducta de Piceda en los delitos de:

  • Impedimento de contacto de hijos menores con padres no convivientes,
  • Desobediencia judicial (seis hechos en concurso real).

Los artículos aplicados —Ley 24.270, junto con los arts. 23, 54 y 55 del Código Penal— prevén penas que, sumadas, van de seis meses a 24 años de prisión.

Lo que complica el panorama es que Melisa Piceda ya había accedido a una probation, pero como no cumplió con lo dispuesto, la medida fue revocada. Esto la deja expuesta a una condena de prisión efectiva.

El trasfondo del conflicto

La denuncia se origina en los reiterados impedimentos para que el niño vea a su padre. Según la acusación, Melisa Piceda desobedeció órdenes judiciales en seis oportunidades, configurando un incumplimiento grave a los derechos del menor de edad y al régimen de visitas establecido.

El padre “extorsionador”

En paralelo, la causa también salpica al abuelo de la niña: Rubén Federico Piceda, está procesado por extorsión en grado de tentativa, tres hechos en concurso real, (previsto y penado por el art. 168 en función del art. 423 hechos– y del art. 55, todos artículos del Código Penal).

De acuerdo a la investigación, le habría exigido bienes al padre del niño (quien vive en Buenos Aires) como condición para permitirle el contacto con su hijo.

Lo que viene

La decisión judicial de elevar la causa a juicio se presenta como un caso testigo: la Justicia busca marcar un precedente frente a madres o padres que incumplen regímenes de contacto, remarcando que los derechos de los niños están por encima de los conflictos familiares.

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